El alto tribunal ordena al Consejo Nacional Electoral frenar investigación contra el mandatario y remitir el caso a la Comisión de Acusación.
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Bogotá, junio 27 de 2025 — Un fallo que pocos anticipaban y que muchos ya interpretan como un giro profundo en las relaciones entre el Ejecutivo y los entes de control. En una votación dividida de 5 a 4, la Corte Constitucional concedió una tutela al presidente Gustavo Petro, impidiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) continuar con la investigación sobre la presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2022.
El pronunciamiento del alto tribunal establece un límite claro, pero polémico: el CNE no tiene competencia para investigar a un presidente en ejercicio. En consecuencia, la Corte ordena trasladar el caso a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, invocando el fuero presidencial como una barrera jurídica que protege al jefe de Estado de procedimientos ajenos a los canales establecidos por la Constitución.
La tutela fue interpuesta directamente por Petro, quien denunció una vulneración a su derecho al debido proceso. Su argumento principal: el CNE actuaba por fuera de su órbita legal al intentar fiscalizar a un presidente activo, sin que mediara un juicio de responsabilidad política previo. La Corte le dio la razón.
Pero el fallo no termina ahí. Va más allá de lo procedimental para tocar fibras estructurales. En su exhorto final, la Corte pide al Congreso legislar con urgencia sobre los conflictos de competencia entre órganos de control, alertando sobre la falta de claridad normativa que permite choques institucionales como el que ahora protagoniza el país.
El efecto inmediato: el CNE tiene cinco días hábiles para remitir el expediente completo a la Comisión de Acusación. Y aunque esta es la única instancia legal habilitada para indagar a un presidente, su historial es poco alentador. En más de dos décadas, la Comisión no ha llevado a término con éxito ningún proceso de acusación contra altos funcionarios.
Desde el Palacio de Nariño, se celebra la decisión como una reivindicación constitucional. Pero en las bancadas opositoras, el clima es otro. Algunos hablan de “blindaje judicial”, otros de “impunidad institucionalizada”. Lo cierto es que la decisión ha tensado aún más el ya precario equilibrio entre poderes.
Para los analistas, el fallo marca un antes y un después. No solo redefine las rutas del control político, sino que también lanza una advertencia: la estructura jurídica del Estado colombiano aún está sujeta a zonas grises que, ante cada choque, dejan ver cuán frágil puede ser la democracia sin un consenso firme sobre las reglas del juego.
En este tablero de pesos y contrapesos, la figura del presidente sale fortalecida… pero el sistema, quizás, más vulnerable.
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