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Barranquilla, junio 27 de 2025 — Lo que comenzó como una medida extraordinaria del Gobierno para intervenir a EPS Sanitas se ha convertido en un auténtico terremoto jurídico. En un fallo sin precedentes, la Corte Constitucional dejó sin efectos la intervención estatal ejecutada por la Superintendencia de Salud, al considerar que se violaron principios fundamentales del debido proceso.
El pronunciamiento, emitido con fuerza de sentencia, desató una ola de incertidumbre que podría extenderse como una grieta estructural sobre el ya frágil sistema de aseguramiento en salud. Según la Corte, la decisión de intervenir a Sanitas careció de proporcionalidad, legalidad y necesidad, y alertó sobre el uso político de herramientas administrativas.
En palabras del alto tribunal, “el Estado no puede recurrir a mecanismos excepcionales sin respetar el equilibrio jurídico que protege a las entidades intervenidas”, un mensaje que resuena como advertencia directa al Ejecutivo.
La decisión no solo devuelve el control a la EPS Sanitas, sino que genera un precedente que podría ser invocado por otras aseguradoras como Sura EPS o Nueva EPS, que han sido objeto de medidas similares en los últimos doce meses. Analistas señalan que el país podría estar al borde de un efecto dominó de demandas, tutelas y procesos judiciales que pongan en jaque al Ministerio de Salud.
El Grupo Keralty —matriz de EPS Sanitas— ya había interpuesto una demanda contra el Estado colombiano por más de 1.2 billones de pesos, argumentando daños patrimoniales, reputacionales y operativos causados por la intervención ahora invalidada. Con el respaldo del fallo constitucional, su caso gana peso, y expertos consideran muy alta la probabilidad de un fallo favorable que obligue al Estado a compensar económicamente a la multinacional.
Lo más inquietante, sin embargo, no es la cifra, sino el precedente: si la Corte ha declarado inconstitucional esta intervención, ¿qué impide que se revoquen las demás? ¿Está el Gobierno preparado para enfrentar una avalancha de reclamaciones por daños, con implicaciones fiscales de gran calado?
El Ministerio de Salud no ha emitido declaraciones, mientras sectores de oposición y centros académicos piden una reforma urgente del marco normativo que regula las intervenciones a las EPS, advirtiendo que el sistema está entrando en una zona de turbulencia donde las reglas ya no están claras.
Lo que sí es claro es que el fallo de la Corte ha abierto una caja de Pandora. Y, como en toda crisis institucional, lo más peligroso no es lo que ya se sabe… sino lo que está por venir.
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