La administración pública asume un rol protagónico en la gestión de la salud, con potenciales impactos políticos, financieros y de calidad en los servicios
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En Colombia, el gobierno ha implementado un proceso que muchos interpretan como una nacionalización progresiva de la salud. Sin pasar por el Congreso ni aprobar una reforma estructural, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud han intervenido sistemáticamente varias EPS y hospitales bajo la figura de "Intervenciones Forzosas". Esta medida se justifica argumentando problemas financieros y de calidad en las EPS, pero a ojos de muchos analistas, parece apuntar a la centralización del sistema de salud en manos del Estado.
Entre 2023 y 2024, entidades claves del sector, que en conjunto atienden a cerca de 27 millones de afiliados, han sido intervenidas. EPS como Ecoopsos, SOS EPS, Famisanar, Saviasalud, Nueva EPS, Sanitas EPS, Capresoca y Emssanar se encuentran bajo control del gobierno, que además ha reemplazado a sus directivas y revisorías fiscales con interventores designados por la Supersalud. Esta situación, que afecta a más de la mitad de la población afiliada al sistema de salud, significa que las decisiones sobre financiamiento, operación y servicios dependen ahora de funcionarios públicos.
El impacto de este proceso va más allá de la simple administración; en un contexto preelectoral, el control sobre estas entidades implica también la gestión de miles de contratos, nóminas, y recursos económicos significativos. Esto ha generado preocupación sobre la influencia de intereses políticos y clientelistas en la gestión de la salud pública. Al tener en sus manos presupuestos millonarios y decisiones sobre contratos, la Supersalud y el Ministerio de Salud concentran ahora un poder que, para algunos expertos, abre la puerta a la politización y el posible desvío de recursos del sistema de salud hacia fines distintos a la atención médica.
A pesar de que en algunos casos existían problemas serios que justificaban la intervención, el patrón de intervenciones forzosas ha comenzado a generar dudas sobre su motivación y su efectividad. Algunos analistas ven en estas medidas una estrategia del gobierno para desestabilizar el sistema de aseguramiento de salud, desacreditando y desfinanciando a las EPS para justificar su intervención. A través de ajustes financieros, retrasos en pagos y reducción de recursos en el sistema, el gobierno ha creado una crisis estructural que podría ser utilizada para avanzar en su agenda de nacionalización sin necesidad de debate legislativo.
El resultado de estas intervenciones, según los datos recientes, es un deterioro progresivo en los indicadores de calidad y servicio de las entidades intervenidas, acompañado de un aumento de quejas de los usuarios. Las EPS y hospitales que eventualmente podrían devolverse a sus dueños, en caso de mostrar una mejoría, probablemente serán entregados en condiciones deterioradas. Además, existe el riesgo de que esta "nueva administración pública" de la salud priorice intereses políticos sobre el bienestar de los usuarios, afectando así la calidad de la atención.
Al final de este cuatrienio, es posible que muchas de estas entidades no retornen a sus antiguos gestores privados, sino que permanezcan bajo el control del Estado o incluso sean liquidadas. En el caso de los hospitales, podría preverse que sólo sean devueltos a municipios o departamentos donde los líderes políticos sean afines al gobierno central, perpetuando así una red de influencia partidista en el sistema de salud.
La nacionalización de la salud en Colombia representa una reconfiguración profunda del sistema que puede afectar la autonomía de las instituciones y el acceso de la población a servicios médicos eficientes. El dilema sobre quién controla y administra el sistema de salud plantea una pregunta crucial: ¿cómo garantizar la calidad y la sostenibilidad del sistema en un contexto donde la política y la salud se encuentran cada vez más entrelazadas?
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