El rechazo al proyecto desata fuertes críticas al Congreso y genera posturas enfrentadas sobre el futuro económico del país
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El hundimiento de la reforma tributaria, conocida como ley de financiamiento, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes ha provocado una cascada de reacciones en el ámbito político colombiano. Con 17 votos a favor y 12 en contra, las comisiones económicas del Congreso dieron su aval a la ponencia negativa presentada por los congresistas Miguel Uribe, Antonio Zabaraín, Mauricio Gómez Amín y Juan Pablo Gallo, dejando en el limbo una iniciativa que buscaba recaudar hasta $9,8 billones.
La reforma, promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, buscaba generar recursos para cubrir déficits presupuestarios e impulsar programas sociales, pero encontró una fuerte oposición tanto dentro del Congreso como en la opinión pública. Políticos como la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal calificaron el proyecto como un intento de “saquear los bolsillos de los colombianos” mediante más impuestos, mientras que el senador David Luna afirmó que el país no soporta nuevas cargas fiscales.
Por otro lado, el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, arremetió contra el Congreso, acusándolo de servir a intereses corporativos y bloquear reformas progresivas. Bolívar recordó que durante el gobierno de Iván Duque, una reforma similar benefició a las clases más pudientes, mientras que la actual buscaba favorecer a los más vulnerables.
Desde otra perspectiva, la representante Katherine Miranda celebró el archivo del proyecto, argumentando que sus implicaciones serían nocivas para la economía y generarían mayor endeudamiento. Su postura fue compartida por otros congresistas, quienes resaltaron las dudas sobre la “regla fiscal verde” incluida en la reforma.
Sin embargo, el rechazo no fue unánime. Figuras como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y miembros del oficialismo calificaron la decisión del Congreso como un acto irresponsable. Quintero describió el Congreso como un “circo”, mientras que el presidente Petro y su equipo insistieron en que continuarán buscando alternativas para financiar los programas prioritarios del Gobierno.
La polarización en torno al tema refleja la creciente división política del país, evidenciando el desafío que enfrenta el Gobierno para avanzar con su agenda legislativa en un Congreso cada vez más fragmentado.
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