El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lanzado fuertes críticas contra la principal distribuidora de gas del país, Vanti, acusándola de especular con los precios del hidrocarburo tras el anuncio de un incremento de hasta el 36% en las facturas del servicio en varias zonas del territorio nacional. Según el mandatario, la compañía estaría buscando elevar las tarifas mediante la importación de gas, una medida que el Gobierno considera innecesaria.
La empresa justificó este significativo aumento alegando tres razones principales: el incremento en el costo del gas dentro del mercado colombiano, la ubicación de la mayoría de las fuentes de suministro en el Caribe, y la necesidad de importar el combustible. Sin embargo, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, rechazó la medida, calificándola de “injustificada”. En su cuenta de X, el ministro aseguró que el país tiene suficiente disponibilidad de gas nacional, citando un comunicado reciente de Ecopetrol sobre la venta de gas natural proveniente de campos en Casanare.
El Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia de Servicios Públicos que investiguen la situación y protejan a los usuarios afectados. Según la cartera energética, en diciembre de 2024 ya se había verificado la existencia de suficiente gas para abastecer la demanda esencial hasta 2025, lo que contradice la necesidad de importaciones señalada por Vanti.
El presidente Petro enfatizó que, aunque Ecopetrol ofrece gas colombiano a precios competitivos, las energéticas, en su opinión, prefieren importar gas más costoso para elevar las tarifas de energía. “Hay que proceder”, afirmó el mandatario, pidiendo que las superintendencias actúen para esclarecer la situación.
Por su parte, Vanti, cuyo accionista mayoritario es el fondo canadiense Brookfield, defendió la medida alegando que, incluso con los ajustes, el gas natural seguirá siendo la opción más económica para los hogares colombianos. En su comunicado, la empresa destacó que el servicio continúa siendo una alternativa eficiente y limpia para los usuarios.
Esta controversia no es un episodio aislado. Apenas la semana pasada, el 31 de enero, Petro participó en una protesta en Barranquilla denominada la “Movilización por la Democracia Energética”, en la que criticó los elevados costos del servicio eléctrico en el país. Desde la tarima, el presidente calificó como “ilegales” las tarifas actuales, acusando a las empresas de no aplicar los lineamientos establecidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Asoenergía, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, advirtió que la situación podría empeorar. Sandra Fonseca, directora de la organización, alertó que el vencimiento del 75% de los contratos de grandes usuarios industriales en noviembre podría desencadenar un aumento aún mayor en los precios del gas.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, hizo un llamado al ministro Camacho para buscar soluciones mediante el diálogo, sugiriendo que se necesita mayor voluntad para mejorar los costos y evitar una crisis energética.
Mientras tanto, el Gobierno se mantiene firme en su postura de que el mercado colombiano dispone de suficientes recursos para garantizar el suministro de gas a precios razonables. La confrontación entre el Ejecutivo y Vanti plantea importantes interrogantes sobre la regulación y el futuro del sector energético en Colombia, en un momento en que los costos de los servicios básicos se han convertido en una preocupación central para los ciudadanos y la industria.
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