El Ministerio Público señala que la inacción de los funcionarios investigados pudo haber contribuido al agravamiento de la crisis de seguridad en la región
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La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación contra más de diez funcionarios públicos, incluidos comandantes de la Fuerza Pública y representantes de alcaldías locales, por no responder de manera efectiva a una alerta temprana sobre la violencia en Barranquilla y su área metropolitana. Entre los investigados figura Yesid Turbay Pereira, actual jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Barranquilla.
Según el Ministerio Público, la alerta advertía desde 2020 del riesgo inminente para la población debido a la presencia de al menos cinco grupos armados ilegales que disputan el control territorial y actividades ilícitas en la zona. Los funcionarios involucrados presuntamente no implementaron a tiempo las acciones necesarias para mitigar estos riesgos, lo que, según la Procuraduría, pudo haber facilitado la consumación de actos violentos en la región entre 2019 y 2023.
La zona afectada abarca Barranquilla y los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa, donde la violencia ha puesto en peligro a comerciantes, defensores de derechos humanos, líderes sociales, docentes, estudiantes universitarios y otros sectores vulnerables de la población.
La lista de investigados incluye a figuras clave como Ricardo Andrés Díaz Pérez, comandante del Gaula Militar Caribe; José Luis Agudelo Jaimes, comandante de la Segunda Brigada del Ejército; Jorge Armando Ortiz Toro, comandante del Batallón de Policía N.º 2 de Barranquilla; Jaime Navarro Herrera, subsecretario de Participación Comunitaria del Atlántico; Bertulfo Gutiérrez Vásquez y Piedad Ahumada, profesionales especializados de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla; así como los secretarios de Gobierno de Puerto Colombia, Galapa y otras localidades.
El caso ha puesto en evidencia la necesidad de un sistema de respuesta eficaz ante las alertas tempranas, las cuales buscan prevenir violaciones a los derechos humanos y asegurar la protección de comunidades en riesgo.
La Procuraduría ha subrayado que estas investigaciones son esenciales para determinar posibles responsabilidades disciplinarias y garantizar que las omisiones en la protección de la seguridad pública no queden impunes. La respuesta de los investigados y sus explicaciones ante el órgano de control serán determinantes para el desarrollo del proceso y podrían sentar un precedente sobre la obligación de las autoridades locales de actuar de manera diligente frente a amenazas a la seguridad ciudadana.
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