El Caribe y Antioquia proponen rutas de autonomía, pero la apuesta real la lidera el gobierno Petro con su reforma al Sistema General de Participaciones
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Durante más de dos décadas, las entidades territoriales del país han enfrentado un modelo centralista que las limita estructuralmente: mientras el 72.8% de los ingresos corrientes de la Nación permanece en manos del gobierno central, solo el 27.2% se distribuye entre departamentos y municipios, marginándolos en su capacidad de gestión y desarrollo. Las reformas impulsadas por los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, particularmente el paso del Situado Fiscal al Sistema General de Participaciones (SGP), revirtieron el espíritu descentralista de la Constitución de 1991. Este retroceso fiscal ha significado, entre 2000 y 2025, una pérdida de 580.8 billones de pesos para las regiones.
Frente a esta situación, tres propuestas se han posicionado en el debate nacional. Desde el Caribe, el gobernador Eduardo Verano impulsa la conversión de las Regiones Administrativas de Planificación (RAP) en Regiones con Entidad Territorial (RET), con autonomía política y presupuestal. La propuesta busca crear un “Estado Regional” con competencias propias, pero carece de claridad sobre la fuente y el monto de los recursos, y no cuenta con una articulación real con los alcaldes ni con el respaldo del Ejecutivo.
En paralelo, Antioquia promueve una iniciativa que contempla una reforma constitucional para que los departamentos y el Distrito Capital recauden directamente el impuesto de renta y patrimonio. Aunque más concreta que la del Caribe, su viabilidad es limitada: enfrenta resistencias políticas y técnicas, y excluye a los municipios, lo cual genera tensiones dentro del mismo esquema territorial.
En contraste, el gobierno de Gustavo Petro ha adoptado una posición estructurada y con respaldo legislativo. A través del Acto Legislativo 04 de diciembre de 2024, modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución, incrementando de manera progresiva el SGP hasta alcanzar el 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación. Esta medida, sujeta a una ley de competencias que será discutida en el Congreso, plantea una transición de doce años y representa el primer avance significativo en décadas hacia una redistribución más justa de los recursos públicos.
A diferencia de las propuestas del Caribe y Antioquia, que dependen de referendos inciertos, apoyos parciales y esfuerzos desarticulados, la reforma del gobierno Petro cuenta con un marco jurídico consolidado, voluntad política desde la Presidencia y una hoja de ruta definida. Es una apuesta más pragmática que simbólica, que busca corregir de forma gradual la injusticia fiscal heredada por años de centralismo excesivo.
En este contexto, la viabilidad de las propuestas regionales queda en entredicho. No por falta de necesidad o legitimidad, sino por su desconexión con las dinámicas del poder central y la falta de articulación nacional. La descentralización efectiva no se logrará con discursos nostálgicos ni con fórmulas ambiguas: requiere reformas serias, con impacto real, como la que hoy lidera el Ejecutivo. Para romper el cerco fiscal de Bogotá, no basta con levantar banderas regionalistas; se necesita estrategia, unidad y una visión de país que articule lo local con lo nacional. Esa es la diferencia entre una ilusión política y una reforma transformadora.
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