Pese a los anuncios oficiales, el Ejecutivo no radicará aún la iniciativa que busca someter a votación ciudadana transformaciones clave en el mundo del trabajo
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La expectativa generada por el anuncio de una consulta popular sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro quedó en suspenso este domingo, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, descartara que la iniciativa se radique este lunes en el Senado, como se había informado inicialmente desde cuentas oficiales de la Presidencia y del Ministerio de Trabajo. La confusión desató una nueva ola de críticas y especulaciones sobre las divisiones internas y la estrategia del Ejecutivo tras el fracaso legislativo de su propuesta en la Cámara de Representantes.
El revés del 15 de marzo, cuando la reforma fue hundida por una votación de 82 contra 75, expuso la fragilidad de la coalición de gobierno y la resistencia de varios sectores a medidas como la imposición del contrato indefinido como norma general o el aumento de recargos por trabajo nocturno y dominical. La propuesta, que había sido presentada como una insignia del “Gobierno del Cambio”, prometía transformar las relaciones laborales en Colombia y corregir los efectos de reformas anteriores, como la Ley 789 de 2002.
El presidente Petro, en respuesta al naufragio parlamentario, anunció el pasado 1 de abril que recurriría a una consulta popular para que los ciudadanos decidieran directamente sobre temas laborales. Esta figura, sin precedentes en asuntos del mundo del trabajo, representaría un giro radical en la democracia participativa del país. Sin embargo, los pasos para concretar este ambicioso mecanismo siguen sin definirse claramente, y el retraso en la radicación del proyecto parece evidenciar improvisación o cálculos políticos no resueltos.
El documento, que aún no ha sido presentado oficialmente ante la Secretaría General del Senado, contiene al menos diez preguntas orientadas a cambiar puntos clave del régimen laboral actual. Entre ellas, se plantea reconocer el contrato de aprendizaje como contrato laboral, restablecer el pago del recargo nocturno desde las 6:00 p. m., imponer el recargo del 100 por ciento por trabajo en domingos y festivos, y volver al contrato a término indefinido como regla general. También se busca aumentar las indemnizaciones por despido injusto y reducir la informalidad, que afecta al 56 por ciento de los trabajadores colombianos.
Para que la consulta se materialice, deberá superar cuatro obstáculos institucionales: aprobación en Senado y Cámara, donde el gobierno enfrenta una posición minoritaria; revisión por parte de la Corte Constitucional, que evaluará la legalidad de las preguntas; y una votación ciudadana que requerirá el apoyo de al menos 12.5 millones de votantes. La viabilidad jurídica y política de esta ruta aún está en entredicho.
Mientras tanto, las organizaciones sindicales insisten en que la consulta es una herramienta legítima para revertir lo que consideran décadas de precarización laboral. No obstante, expertos advierten que el camino hacia la consulta podría agudizar las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y generar un clima de mayor polarización social si el tema se convierte en bandera electoral.
Lo cierto es que el aplazamiento de la radicación del proyecto deja al Gobierno en una posición incómoda, generando dudas sobre su capacidad para avanzar en sus reformas estructurales y reafirmando la dificultad de lograr consensos en un Congreso fragmentado. En medio de la incertidumbre, el país observa con atención si esta consulta será una estrategia política fallida o una jugada que, finalmente, le devuelva protagonismo a la ciudadanía en uno de los debates más sensibles de la agenda nacional.
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