La medida respaldada por Trump podría cambiar el destino de miles de millones enviados a América Latina
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Una iniciativa legislativa avanza silenciosamente en el Congreso de Estados Unidos y promete encender un nuevo debate internacional: un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde territorio estadounidense por personas sin ciudadanía. Detrás de la propuesta está el respaldo directo del expresidente Donald Trump, quien busca convertir esta medida en una pieza clave de su política migratoria de cara a las próximas elecciones.
Aunque el proyecto aún no ha sido aprobado, su sola mención ha generado inquietud en comunidades migrantes y entre economistas internacionales. ¿Podría una ley cambiar para siempre la forma en que se sostiene financieramente a millones de familias en América Latina?
Un tributo que puede cambiar vidas
La propuesta, impulsada por legisladores republicanos de la Cámara de Representantes, incluye un impuesto del 5% sobre todas las transferencias monetarias internacionales hechas por personas que no posean la ciudadanía estadounidense. Esto abarcaría desde trabajadores con visas temporales hasta residentes permanentes legales y migrantes indocumentados. Los ciudadanos estadounidenses estarían exentos.
Pero eso no es todo. Donald Trump anunció el pasado 25 de abril, a través de su plataforma Truth Social, que prepara un memorando presidencial para prohibir totalmente el envío de remesas por parte de migrantes en situación irregular. Ni la Casa Blanca ni el Departamento del Tesoro han entregado detalles sobre la medida, lo que ha incrementado la incertidumbre.
¿Quiénes se verían afectados?
De aplicarse, el impuesto recaería sobre millones de personas, incluidos portadores de visas H-1B, H-2A y H-2B, así como quienes poseen green cards. La norma no distingue países de destino, por lo que tanto envíos a México como a Guatemala o El Salvador serían gravados por igual. Aún no se ha precisado cómo se haría la recaudación ni qué entidad supervisaría el cobro.
Según datos del Banco Mundial, Estados Unidos envió cerca de 656 mil millones de dólares en remesas en 2023. Solo México recibió más de 63 mil millones. Para países como Honduras, El Salvador o Nicaragua, las remesas representan entre el 23% y 27% del PIB, lo que evidencia el impacto profundo que esta ley podría tener.
Un proyecto con historia y antecedentes
Esta no es la primera vez que una medida así se presenta. En 2009, el estado de Oklahoma impuso una tarifa sobre remesas. Otros 17 estados han intentado replicar la fórmula, aunque la mayoría de iniciativas no prosperó. El proyecto S.3516, introducido en diciembre de 2023 por el senador J.D. Vance, sigue sin debatirse formalmente en el Senado, pero forma parte del mismo engranaje político.
Consecuencias impredecibles
Expertos como Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, advierten que gravar o restringir las remesas empujaría a los migrantes a usar canales informales, fuera del radar financiero, reduciendo la trazabilidad del dinero y favoreciendo actividades ilegales. Además, podría generar nuevas olas migratorias al deteriorar las condiciones de vida de las comunidades receptoras.
"Gravar las remesas es como cerrar el grifo del agua en pleno desierto", señaló Orozco. "El daño sería profundo y silencioso".
El argumento de los promotores
Grupos como el Centro de Estudios de Inmigración y el Heritage Institute defienden la propuesta. Consideran que gravar las remesas desincentivaría la migración ilegal y reduciría el uso de estos fondos por parte del crimen organizado, aunque no existen estudios oficiales que sustenten esta teoría.
El temor de las comunidades migrantes
En Cajolá, un pueblo guatemalteco donde el 70% de las familias recibe remesas, el anuncio ha despertado miedo. Israel Vail, comerciante local, afirmó que gracias a los envíos de sus hijos en EE.UU. pudo levantar su negocio y construir su casa. “Cada vez que allá hablan de impuestos o restricciones, acá sentimos el golpe”, dijo.
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