La Junta Directiva exige explicaciones por el sorpresivo aumento de 875 mil a casi 6 millones de dólares
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Una sombra de incertidumbre se cierne sobre la estatal Ecopetrol luego de conocerse nuevos detalles del polémico contrato suscrito en 2024 con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, especializada en asesoría legal internacional. Lo que empezó como un convenio discreto de 875.000 dólares terminó convirtiéndose, casi sin advertencia, en un acuerdo por 5.875.000 dólares, dejando un rastro de dudas, malestar interno y potenciales implicaciones políticas.
La controversia salió a la luz tras la filtración de documentos oficiales que revelan que el contrato, firmado el 29 de agosto de 2024, fue modificado mediante un "otrosí" el 31 de diciembre del mismo año, ampliando de forma significativa el alcance y el costo del servicio. Esta adición al contrato no solo elevó su valor, sino que lo transformó en un eje central de la actual tormenta corporativa.
Al interior de la Junta Directiva de Ecopetrol, el ambiente es tenso. Algunos miembros aseguran no haber sido informados de los cambios contractuales, mientras que otros defienden que sí hubo autorización. La división ha generado grietas en la gobernanza de la empresa, y lo que parecía un trámite administrativo se ha convertido en un episodio con potencial de escándalo internacional.
En el corazón de la polémica está el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, señalado por sus vínculos con la campaña presidencial de Gustavo Petro, de la cual fue gerente. La contratación de Covington & Burling estaría relacionada con posibles investigaciones sobre supuestas irregularidades en dicha campaña, incluyendo temas sensibles como la financiación electoral, la adquisición de un apartamento de lujo por parte de Roa y contratos entre Ecopetrol y empresas vinculadas a su círculo de confianza.
La firma norteamericana, en cumplimiento del contrato, habría accedido a información reservada de la empresa, incluyendo correos corporativos, chats personales e incluso entrevistas confidenciales con altos ejecutivos. Este nivel de acceso ha despertado inquietudes sobre el manejo ético y legal de los datos sensibles de la compañía.
El tiempo apremia. La Junta Directiva debe dar respuestas concretas a sus propios miembros y a inversionistas que ya muestran signos de preocupación. La reputación de Ecopetrol, la empresa más importante del sector energético colombiano, pende de un hilo que podría romperse si no se aclaran los hechos con prontitud y transparencia.
🔍 Lo que está en juego no es solo un contrato. Es la credibilidad institucional de Ecopetrol, su gobernabilidad interna y su posición ante los ojos del mundo financiero.
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