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Gobierno Petro reitera su apuesta por la consulta popular con una nueva radicación formal

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Política | Por: Santiago Valencia Córdoba


La Casa de Nariño corrige errores de forma, pero la tensión política y jurídica persiste

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En un movimiento calculado pero cargado de incertidumbre, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha vuelto a la carga. Esta vez, con un nuevo intento de radicar su propuesta de consulta popular ante el Senado, corrigiendo los errores que empañaron su primer intento y que desataron una tormenta jurídica y política en el Congreso.

El pasado 19 de mayo, la presentación inicial del documento —hecha por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo— fue recibida con escepticismo e incredulidad. La ausencia de la firma del presidente encendió las alarmas constitucionales. La oposición no tardó en señalar el vicio de trámite, forzando al Ejecutivo a retirar el proyecto de manera discreta, pero con un evidente costo político.

Sin embargo, este lunes 26 de mayo, el Ejecutivo reapareció con una maniobra corregida. Esta vez, el texto llegó con la rúbrica presidencial y sin modificaciones en sus 16 preguntas fundamentales, reafirmando su voluntad de consultar directamente al pueblo sobre reformas estructurales que siguen estancadas en el Congreso. La reacción fue inmediata: los aliados respiraron aliviados, mientras que los detractores afilaron sus argumentos.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, confirmó que el documento será revisado durante las primeras semanas de junio. El tiempo, sin embargo, juega en contra del Gobierno. El Senado tiene hasta el 20 de junio para pronunciarse, en medio de un ambiente político enrarecido y con la Corte Constitucional observando de cerca.

Sectores de la oposición insisten en que la consulta podría ser una jugada arriesgada para saltarse el trámite legislativo ordinario. Incluso hay quienes ya barajan escenarios de una eventual intervención del alto tribunal, advirtiendo que esta vía podría generar un precedente institucional de alto riesgo.

Mientras tanto, en la Casa de Nariño se apuesta por la narrativa del mandato popular. La consulta —según el Ejecutivo— es una herramienta legítima para sortear la inercia parlamentaria y devolverle la voz al ciudadano. Pero la pregunta que ronda los pasillos del poder es otra: ¿logrará el Gobierno imponer su voluntad en la recta final del periodo legislativo?

Con el calendario al límite y las fuerzas políticas tensas, el destino de la consulta popular se convierte en una cuenta regresiva cargada de suspenso. Todo está listo para una nueva batalla institucional, donde cada firma, cada fecha y cada palabra pesarán como nunca antes.

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