La medida surge tras redadas migratorias con agentes encapuchados y sin credenciales visibles 🛂😷
La iniciativa, que recibió cuatro votos a favor y una abstención, busca obligar a todos los agentes —incluidos los federales— a portar identificación y el nombre de su agencia en un lugar visible, así como limitar el uso de mascarillas o cubrimientos faciales a casos médicos o misiones encubiertas previamente autorizadas.
La decisión se tomó tras los operativos migratorios realizados desde principios de junio, en los que centenares de personas fueron arrestadas por agentes federales, algunos de ellos con el rostro cubierto y sin credenciales visibles, lo que provocó protestas en varias comunidades del sur californiano.
“La gente tiene derecho a saber quién los detiene, quién los interroga, quién los separa de sus familias”, afirmó la supervisora Janice Hahn, coautora de la moción. “No se puede permitir que hombres en equipo táctico actúen en nuestras calles sin identificarse. Eso no es justicia, no en una democracia”, expresó.
📍 El despliegue también incluyó la presencia de la Guardia Nacional y marines, aunque las autoridades locales confirmaron que alrededor del 50% de los efectivos de la Guardia y la totalidad de los marines ya se han retirado del área en las últimas semanas.
El debate legal ahora se traslada a los tribunales. Algunos expertos, como Erwin Chemerinsky, decano de Derecho de UC Berkeley, advirtieron que el decreto debe ser aplicable a todas las agencias, y no únicamente a las federales, para evitar conflictos constitucionales.
Mientras tanto, portavoces del gobierno federal han defendido el anonimato de sus agentes alegando razones de seguridad personal, incluyendo amenazas, acoso y casos de doxing —la publicación maliciosa de información privada en internet.
🔍 No está claro si el condado tiene competencia plena para aplicar este tipo de normativa sobre agencias federales como ICE, pero la Junta insiste en que la transparencia y la confianza ciudadana deben prevalecer.
El decreto, una vez redactado, deberá someterse a revisión legal antes de su votación final. Mientras tanto, el clima de tensión y desconfianza en las comunidades migrantes se mantiene, a la espera de un marco más claro sobre cómo deben operar las fuerzas del orden en espacios públicos.
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