Uribe es condenado por soborno y fraude procesal en histórico fallo judicial colombiano

América Latina  | Emilio Vargas Ortega

Expresidente colombiano enfrenta hasta 12 años de prisión por manipulación de testigos

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BOGOTÁ — En un fallo que marca un hito en la historia judicial de Colombia, la jueza penal del circuito de Bogotá condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La sentencia concluye que Uribe instigó a terceros para influir indebidamente en testigos con el propósito de deslegitimar denuncias sobre su presunta relación con grupos paramilitares.

El proceso, que se desarrolló durante varios años y acaparó la atención del país, se basó en múltiples pruebas documentales y testimoniales que apuntaban a una estrategia sistemática para desviar el curso de investigaciones judiciales. La jueza sostuvo que Uribe actuó con conocimiento y voluntad para alterar versiones clave en su beneficio político y personal.

Aunque el exmandatario se declaró inocente durante todo el proceso, la sentencia establece que su responsabilidad penal es clara, y establece una posible pena de hasta 12 años de prisión, sujeta a confirmación en una audiencia de individualización de la pena que se llevará a cabo en las próximas semanas.

El fallo también representa un giro sin precedentes para un expresidente que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, y cuya figura ha sido central en el escenario político nacional. Tanto sus seguidores como detractores han reaccionado con intensidad ante la decisión judicial. Mientras unos consideran el veredicto como un acto de justicia largamente esperado, otros lo ven como un revés judicial con implicaciones políticas.

Desde su residencia en Rionegro, Uribe emitió un breve comunicado en el que reiteró su inocencia y anunció que apelará el fallo. “No acepto esta condena. Soy víctima de una persecución política”, afirmó.

Analistas constitucionales y juristas han calificado el fallo como una prueba de la independencia judicial en Colombia, en medio de un ambiente polarizado y de crecientes tensiones entre los poderes del Estado.

La sentencia contra Uribe se suma a una serie de investigaciones y procesos que han sacudido a las altas esferas del poder en Colombia durante los últimos años, abriendo un nuevo capítulo en la lucha por la transparencia institucional.