Una operación conjunta desmantela una red de tráfico de municiones en Colombia
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En un importante desarrollo, se han dado a conocer las identidades de los nueve militares, tanto activos como retirados, capturados por su presunta participación en el tráfico de armamento del Ejército Nacional. Las detenciones se llevaron a cabo el 1 de noviembre en diversas instalaciones militares en Bogotá, Tolemaida, Caquetá, Boyacá y Córdoba, como resultado de una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones del Ejército.
Entre los detenidos se encuentran tres sargentos y dos soldados profesionales activos, así como tres sargentos y un soldado retirado. Uno de los acusados, el sargento Raúl Leonardo Becerra Sánchez, es señalado de haber sustraído y vendido partes de armas y municiones mientras se desempeñaba como comandante de la Unidad de Mantenimiento Militar número 4 entre 2016 y 2021. Otro de los implicados, el sargento Luis Carlos Buitrago Fierro, también fue comandante de la misma unidad y es considerado un presunto traficante de armas.
La lista incluye al sargento activo Ánderson Sánchez, así como a los soldados profesionales Wilson García Betancourt y Breshnet Peña Sierra, quienes están acusados de sustraer armas y municiones durante un período de seis años. Los documentos revelan que García fue responsable de esta actividad ilícita en el Batallón de Mantenimiento en Tolemaida desde 2017 hasta 2023, mientras que Peña Sierra habría formado parte de la estructura secreta desde el mismo año.
Además, se identificaron a cuatro uniformados retirados, incluido el sargento (r) César Leslie Ramírez Pinto, quien habría estado involucrado en el tráfico de armas hasta 2023 como comandante del almacén del Batallón contra el Narcotráfico en Larandia, Caquetá. Otros dos sargentos retirados, James Valencia y Mauricio Fagua Quiróz, también están implicados en el tráfico de armamento, a pesar de no estar activos en las fuerzas armadas.
Este escándalo subraya la grave preocupación por la corrupción dentro de las fuerzas armadas colombianas y la necesidad de medidas más estrictas para controlar el armamento oficial. La investigación sigue en curso para determinar la magnitud de esta red de tráfico y las posibles implicaciones legales para los involucrados.
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