Definidos los topes y exenciones, el tributo genera controversia entre ciudadanos y sectores privados
Límites de pago según el tipo de predio
De acuerdo con la resolución, el monto que cada propietario deberá pagar dependerá del tipo y uso de su predio, tomando como referencia el impuesto predial bruto. Los topes establecidos son los siguientes:
- Predios residenciales de estratos 1 a 4: El cobro no podrá exceder el valor de un impuesto predial anual.
- Predios residenciales de estratos 5 y 6: El límite será de hasta dos veces el impuesto predial.
- Predios comerciales, industriales o no habitacionales: Podrán ser gravados hasta tres veces el valor del impuesto predial.
Estos topes buscan evitar que el cobro supere la capacidad de pago de los propietarios y serán calculados considerando el menor valor entre el monto técnico estimado y los límites establecidos.
Exenciones para proteger a los más vulnerables
El Invías también incluyó exenciones para ciertos grupos poblacionales con el objetivo de proteger a los más vulnerables. Estarán exentos de este tributo:
- Los propietarios o poseedores de predios clasificados como en extrema o moderada pobreza, según las categorías del Sisbén (A1 a A15 y B1 a B7).
- Propietarios sin capacidad económica suficiente para asumir el pago.
- Predios destinados a unidades agrícolas familiares (UAF) que realicen actividades agropecuarias, forestales o pecuarias, siempre que cumplan con los criterios establecidos en la resolución 041 de 1996 del Incora.
Estas medidas buscan mitigar el impacto del cobro en las comunidades más afectadas y asegurar que las contribuciones sean proporcionales a las condiciones económicas de los propietarios.
Polémica y reacciones del sector privado
La implementación de este mecanismo de valorización ha generado un fuerte rechazo en sectores privados, especialmente en la industria de la construcción. Irvin Pérez, gerente de Camacol Bolívar, criticó la resolución y señaló que no aborda los problemas estructurales que afectan al proceso.
“En lugar de fomentar políticas que impulsen el crecimiento, hemos visto decisiones que afectan negativamente a la industria”, afirmó Pérez. Además, calificó el cobro como un “ataque sistemático” contra el sector vivienda, y expresó su confianza en que el Consejo de Estado adoptará medidas cautelares para suspender el proceso.
Para Pérez, este mecanismo de financiación no solo afecta la competitividad del sector, sino que también introduce incertidumbre jurídica en los actos administrativos que lo respaldan.
Expectativa por decisiones judiciales
El cobro de valorización en la zona de influencia de la Vía al Mar está bajo escrutinio judicial, ya que se han presentado demandas que buscan garantizar la legalidad y proteger los derechos de los propietarios. El Consejo de Estado aún no ha emitido un fallo definitivo sobre las medidas cautelares solicitadas, pero su decisión será clave para determinar el futuro de este polémico tributo.
Mientras tanto, los propietarios y sectores afectados continúan exigiendo mayor transparencia y participación en el proceso, señalando que el desarrollo vial debe estar acompañado de mecanismos de financiación justos y sostenibles.
Impacto en el desarrollo regional
La Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad son proyectos estratégicos para la conectividad y el desarrollo económico en la región Caribe. Sin embargo, el cobro de valorización ha puesto en evidencia las tensiones entre la necesidad de financiación de obras públicas y las demandas de los ciudadanos y el sector privado.
El éxito de este mecanismo dependerá no solo de la implementación adecuada de los cobros, sino también de la capacidad del Gobierno para responder a las inquietudes de los afectados y garantizar que los recursos recaudados se utilicen de manera eficiente y transparente.
En un contexto de creciente controversia, el proceso de valorización en esta región se perfila como un caso emblemático para evaluar la relación entre desarrollo infraestructural, equidad fiscal y la protección de derechos en Colombia.
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