La desaparición forzada en la Comuna 13 desata un cruce de acusaciones entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe
El presidente Gustavo Petro señaló directamente a la Operación Orión, ejecutada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, como un hecho central en las desapariciones y asesinatos ocurridos en ese periodo. Petro afirmó que la operación militar, destinada supuestamente a expulsar al ELN de la comuna, resultó en un trágico saldo de civiles desaparecidos y asesinados, además de entregar el control de la zona a grupos paramilitares.
Según datos de la JEP, la excavación en La Escombrera implicó la remoción de más de 37.000 metros cúbicos de escombros, lo que permitió llegar a un nivel histórico correspondiente al periodo 2001-2004. Las estructuras óseas encontradas presentan signos de violencia y disparos a quemarropa, evidenciando las condiciones brutales en las que murieron las víctimas.
La respuesta de Álvaro Uribe: Un reto al presidente Petro
Ante las declaraciones de Petro, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó de manera contundente, retando al mandatario a denunciarlo formalmente si tiene pruebas que lo vinculen a acciones indebidas o criminales durante la Operación Orión. Uribe defendió la intervención militar como parte de su Política de Seguridad Democrática, argumentando que la operación buscó recuperar el control de la comuna, entonces bajo el dominio de múltiples grupos armados ilegales como las FARC, el ELN y los paramilitares.
El líder del Centro Democrático también criticó a la JEP, acusándola de estar alineada con los intereses del gobierno de Petro y de carecer de independencia. Además, destacó su historial de desvinculación de altos oficiales por presuntas irregularidades durante su gobierno y señaló que su administración nunca toleró delitos cometidos por las Fuerzas Armadas.
Fechas en disputa y reacciones políticas
El Centro Democrático enfatizó que las fechas de desaparición de las víctimas halladas en La Escombrera, entre julio y septiembre de 2002, no coinciden con la ejecución de la Operación Orión, llevada a cabo en octubre del mismo año. Según el partido, los crímenes ocurrieron en un contexto de violencia generalizada en la Comuna 13, protagonizada por grupos ilegales que controlaban la zona antes de la intervención militar.
Por su parte, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos han reiterado la necesidad de esclarecer los hechos relacionados con la Operación Orión, subrayando la responsabilidad del Estado en la desaparición de civiles durante las acciones militares en la comuna.
Un debate sin resolverse
El enfrentamiento entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe representa un choque entre visiones opuestas sobre el manejo del conflicto armado en Colombia y la responsabilidad estatal en crímenes de lesa humanidad. Mientras el presidente Petro insiste en que las víctimas de La Escombrera son un ejemplo de las violaciones cometidas durante operaciones militares, el expresidente Uribe defiende su legado de seguridad como un esfuerzo por recuperar territorios bajo control de actores ilegales.
La controversia también subraya las divisiones políticas en torno al papel de la JEP y la justicia transicional en el país. Aunque algunos sectores celebran los avances en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas, otros critican lo que perciben como una politización de los procesos judiciales.
En medio de este debate, las familias de las víctimas continúan exigiendo respuestas y justicia, esperando que los hallazgos en La Escombrera sean solo el inicio de una verdad más amplia sobre las desapariciones forzadas en la Comuna 13 y otras zonas del país afectadas por el conflicto armado.
Un desafío para el país
El caso de La Escombrera y la Operación Orión no solo pone en evidencia las complejidades de la violencia en Colombia, sino también la necesidad de construir memoria histórica y reconciliación. Más allá del cruce de acusaciones entre líderes políticos, el enfoque debe centrarse en las víctimas y en garantizar que episodios como estos no se repitan.
En un contexto político polarizado, este episodio recuerda la importancia de un diálogo transparente sobre el pasado y la responsabilidad de las instituciones en ofrecer respuestas que honren la verdad y la justicia. La búsqueda de paz en Colombia exige enfrentar estos retos con un compromiso real hacia las transformaciones sociales y la reparación a quienes han sufrido los estragos de la guerra.
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