Juicio contra Sandra Ortiz destapa red de corrupción y lavado de activos en la UNGRD

La exconsejera presidencial enfrenta graves acusaciones que implican a altos funcionarios y desvío de recursos públicos

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El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa tomando fuerza con el juicio de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera para las regiones de la Presidencia. La Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación en su contra, señalándola como posible responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Según las investigaciones, Ortiz estaría vinculada al desvío de millonarios recursos públicos destinados a proyectos esenciales para el país.

El caso se remonta a octubre de 2023, cuando, según los elementos probatorios, Ortiz habría recibido 3.000 millones de pesos por parte de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez. Estos fondos, presuntamente, habrían sido entregados al entonces presidente del Congreso, Iván Leonidas Name Vásquez, como parte de un esquema de coimas. Las declaraciones de Sneyder Pinilla, quien colabora con las autoridades, describen a Ortiz como pieza clave en la movilización de los recursos ilícitos.

En medio de la controversia, Ortiz expresó públicamente su disposición de “contar toda la verdad” en entrevistas con medios nacionales como Blu Radio y Noticias Caracol. Aunque evitó confirmar o negar su participación en los delitos que se le imputan, aseguró tener información sobre la implicación de personas cercanas al presidente Gustavo Petro. Según sus declaraciones, estas personas habrían operado desde la Casa de Nariño para facilitar y coordinar el esquema de corrupción.

El caso adquiere mayor magnitud al estar vinculado al desvío de 46.800 millones de pesos destinados a la compra de carrotanques para el suministro de agua potable en La Guajira, una de las regiones más vulnerables del país. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía revelaron graves irregularidades en los contratos adjudicados, tanto en términos técnicos como legales, lo que resultó en millonarias pérdidas para el Estado y en el fracaso de proyectos cruciales para comunidades necesitadas.

La situación de Ortiz se complica aún más tras la confirmación de su medida de detención en la Escuela de Carabineros, determinada por un juez este 24 de enero. Aunque su defensa había solicitado que cumpliera la medida en su residencia, las autoridades consideraron pertinente mantener su reclusión en un espacio más controlado debido a la gravedad de las acusaciones.

Este caso ha puesto bajo la lupa no solo a la exconsejera, sino también a una red más amplia de funcionarios y contratistas que habrían participado en actos de corrupción sistemática. La Fiscalía continúa recolectando pruebas y testimonios para desenmarañar la compleja trama de desfalcos que afecta la gestión de recursos públicos en sectores clave.

El escándalo de la UNGRD ha sacudido la confianza en las instituciones responsables de atender emergencias y gestionar riesgos en Colombia. Además, ha generado un debate público sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la contratación estatal.

A medida que el juicio de Sandra Ortiz avanza, el país espera conocer más detalles sobre los responsables y las repercusiones políticas de este caso. La implicación de altos funcionarios y la posible conexión con figuras del gobierno central no solo exponen la profundidad de la corrupción en el sistema, sino que también subrayan la importancia de una respuesta contundente para garantizar la justicia y la recuperación de los recursos desviados.