Washington elimina protecciones que restringían los arrestos de migrantes en sitios sensibles, abriendo el camino para redadas masivas.
Artículo
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un giro significativo en las políticas migratorias del país al autorizar redadas en lugares previamente considerados "protegidos", como escuelas, iglesias y hospitales. La medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) este martes 22 de enero de 2025, revoca directrices establecidas hace más de una década que restringían este tipo de operaciones.
Según el DHS, esta decisión busca "empoderar" a los agentes de migración de las agencias de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que cumplan con las leyes migratorias y detengan a lo que califican como "criminales extranjeros". Un portavoz del DHS indicó que esta medida permite a los agentes actuar sin las limitaciones impuestas por la administración anterior. "Esta acción faculta a los valientes hombres y mujeres de CBP y ICE para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a los extranjeros criminales, asesinos y violadores, que han entrado ilegalmente en nuestro país", declaró el portavoz.
Entre los sitios previamente protegidos se encontraban centros educativos, lugares de culto, hospitales, albergues para víctimas de violencia doméstica y centros de ayuda humanitaria. Estas directrices, implementadas inicialmente durante la administración de Barack Obama y ampliadas por Joe Biden en 2021, tenían como objetivo garantizar que los migrantes tuvieran acceso a servicios esenciales sin temor a ser detenidos. "Podemos cumplir con nuestra misión sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe", señalaba el memorando emitido por la administración Biden.
La decisión de Trump también responde a una promesa de campaña que el presidente enfatizó al asumir el poder, al comprometerse a llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de Estados Unidos. En este sentido, el secretario en funciones del DHS, Benjamine Huffman, emitió la nueva directiva el lunes anterior, allanando el camino para redadas en lugares donde, según el gobierno, los "criminales extranjeros" buscan refugio.
El anuncio ha generado reacciones mixtas tanto dentro como fuera del país. Grupos defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de esta medida en comunidades vulnerables. "Esta decisión podría disuadir a las personas de buscar atención médica o refugio en momentos críticos, exacerbando una ya delicada situación humanitaria", advirtió un portavoz de Human Rights Watch.
Por otro lado, partidarios de Trump han elogiado la medida como un paso necesario para fortalecer la seguridad nacional. "Es hora de que las leyes sean respetadas y de que aquellos que ingresan ilegalmente enfrenten las consecuencias", afirmó un congresista republicano durante una entrevista.
En conclusión, la eliminación de estas protecciones marca un cambio drástico en la política migratoria de Estados Unidos y subraya las profundas divisiones en torno a cómo abordar la inmigración irregular. Mientras el gobierno avanza con su plan de deportaciones, las implicaciones sociales, legales y humanitarias de esta decisión seguirán siendo objeto de intenso debate.
0 Comentarios
¡Tu opinión es importante!