En una década, entre el 2,6 y 6,2 por ciento del PIB estaría en riesgo. Adicionalmente, habría otros efectos.
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Estados Unidos enfrenta una encrucijada económica y social debido a las recientes medidas antiinmigrantes implementadas por el gobierno de Donald Trump. Estas acciones incluyen cuotas diarias de detenciones, la implementación de una ley de deportación exprés y el fin de programas de regularización para inmigrantes indocumentados. Las consecuencias de estas políticas van más allá de cuestiones humanitarias, tocando profundamente las bases de la economía estadounidense.
Con 48 millones de inmigrantes residiendo en el país, de los cuales alrededor de 11 millones viven en situación irregular, la economía del país del norte depende considerablemente de esta fuerza laboral. En 2022, según un informe del Instituto de Política Económica (EPI), trabajadores y empresarios inmigrantes generaron 4,6 billones de dólares para la economía estadounidense. Además, los migrantes irregulares aportaron cerca de 96.700 millones de dólares en impuestos durante el mismo año.
Estos ingresos fiscales, comparables al presupuesto de programas sociales como Medicare, son esenciales para el sostenimiento de servicios clave, aunque los indocumentados no pueden beneficiarse de ellos. Un ejemplo destacado es que, según el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), el programa Medicare recibió 5.700 millones de dólares provenientes de inmigrantes indocumentados en 2022.
Nueva York es uno de los estados donde la presencia de inmigrantes es fundamental para sectores clave como la construcción y la restauración. Se estima que más de 48.000 trabajadores irregulares desempeñan funciones como carpinteros, pintores y empapeladores, constituyendo una cuarta parte de la mano de obra del sector. En la industria alimentaria, más de 42.000 inmigrantes indocumentados trabajan como chefs, cocineros, preparadores y camareros, además de los repartidores que sostienen la cultura de pedidos a domicilio.
Desde el inicio de las redadas migratorias el 23 de enero, al menos 5.537 arrestos han sido documentados, y se han emitido 4.333 órdenes de retención. El temor entre la comunidad inmigrante ha llevado a que muchos no se presenten a sus lugares de trabajo, lo que ya ha generado una desaceleración del 50 por ciento en las operaciones de empresas en Illinois, según Rebeca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition.
El impacto económico de estas medidas podría ser devastador. Según un pronóstico del AIC publicado en 2024, una campaña de deportaciones masivas podría reducir el PIB estadounidense entre un 4,2 y 6,8 por ciento. Una investigación de la Universidad de Nueva Hampshire proyecta que la expulsión de más de 7 millones de indocumentados podría significar una pérdida del 2,6 al 6,2 por ciento del PIB en la próxima década.
Líderes empresariales, como Matt Teagarden de la Asociación de Ganaderos de Kansas, han subrayado la importancia de la mano de obra inmigrante para sectores esenciales como la agricultura. La escasez de trabajadores ya está generando un aumento en los costos, lo que podría tener un efecto inflacionario.
Lawrence Gumbiner, presidente de la consultora Gumbiner Interamerican Strategies, advierte que la solución más lógica sería expandir la cantidad de visas de trabajo para cubrir la demanda laboral. Sin embargo, reconoce que esto requiere una legislación que el Congreso no ha aprobado en más de 40 años, reflejando la disfuncionalidad del sistema migratorio actual.
A medida que las deportaciones masivas continúan, el futuro económico de Estados Unidos enfrenta un serio desafío. La ausencia de inmigrantes en sectores fundamentales podría ralentizar la producción, incrementar costos y debilitar el crecimiento económico, afectando tanto a empresas como a consumidores por igual.
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