La Superintendencia de Sociedades intervino los bienes del presunto estafador, quien prometía inversiones con altas ganancias y entregaba resultados inexistentes.
La entidad confirmó que Bustos mantenía obligaciones con múltiples personas sin ofrecer a cambio un bien o servicio, lo que excedía el 50% de su patrimonio líquido. El superintendente Billy Escobar advirtió sobre los riesgos de inversiones sin respaldo financiero: “Reiteramos a la ciudadanía la necesidad de sospechar y evitar cualquier negocio que ofrezca rendimientos sin una explicación financiera razonable”.
El modus operandi del supuesto empresario incluía cursos de trading donde, tras captar la atención de sus clientes, incentivaba nuevas inversiones en plataformas prometiendo altos rendimientos en cortos periodos. Sin embargo, los afectados denunciaron que nunca obtuvieron las rentabilidades ofrecidas.
En 2020, el caso comenzó a destaparse cuando Luisa Idárraga, Nicole Solano y Michelle León denunciaron en el programa La W que Bustos les había cobrado 150.000 pesos por un book fotográfico, pero solo entregó una imagen. Desde entonces, al menos 14 modelos se han sumado a las denuncias, mientras Bustos aseguraba que las demandaría por calumnia.
Además de las denuncias nacionales, usuarios en redes sociales relataron episodios similares de estafa. Uno de ellos afirmó haber perdido 550 dólares tras confiar en las propuestas de Bustos.
El caso ha tomado mayor relevancia debido a su capacidad para engañar a personas utilizando una imagen de éxito y ostentación. Sus redes sociales mostraban vehículos de lujo y una vida aparentemente privilegiada, lo cual servía como gancho para convencer a sus víctimas.
La Fiscalía General de la Nación ya adelanta investigaciones en su contra por delitos financieros y estafa masiva, mientras las autoridades buscan esclarecer si hay más afectados.
El caso de Christian Bustos es un ejemplo claro de cómo las apariencias pueden convertirse en un recurso efectivo para defraudar a quienes buscan oportunidades rápidas de inversión. La intervención de sus bienes y cuentas representa un paso significativo para la justicia, pero también una advertencia para que los ciudadanos actúen con cautela y sospechen de promesas financieras sin respaldo.
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