El documento advierte que las comunidades campesinas, el pueblo indígena Nasa, lideresas sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias enfrentan serios riesgos. Las acciones de los grupos armados han generado un aumento de homicidios, desplazamientos forzados y amenazas, con el objetivo de consolidar economías ilegales en la región.
Uno de los puntos más alarmantes del informe es la situación de mujeres y menores de edad. El estudio revela que las mujeres han sido víctimas de violencias de género, mientras que niñas, niños y adolescentes son vulnerables al reclutamiento forzado y otras formas de explotación en el conflicto armado.
La Defensoría destaca también que miembros del partido Comunes han sido objeto de amenazas y ataques directos. Estas agresiones buscan presionar a los firmantes del acuerdo de paz para que se unan a las filas de los grupos armados ilegales.
El informe señala que un total de 20 corregimientos y dos resguardos indígenas —Kwet Wala y Kwet Le’cxkwe— en Pradera, además de siete corregimientos y seis resguardos indígenas —Nasa Kwe’sx Kiwe, Kwe’sx Yu Kiwe, Triunfo Cristal Páez, Nasa Tha, San Juan Páez y Kwe’sx TaTa Kiwe— en Florida, se encuentran bajo un especial nivel de riesgo.
Ante esta preocupante situación, la Defensoría del Pueblo ha formulado una serie de recomendaciones para mitigar los riesgos y proteger a la población. La entidad subraya la necesidad de una respuesta institucional ágil e integral, que priorice las investigaciones judiciales para debilitar las estructuras criminales y refuerce los mecanismos de protección a las comunidades afectadas.
En el ámbito de la coordinación de respuesta rápida, la Defensoría instó al Ministerio del Interior, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), a implementar planes de acción conjuntos con entidades nacionales y locales.
La Gobernación del Valle del Cauca, las alcaldías de Pradera y Florida, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAFP) y la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación figuran entre las instituciones a las que se les ha solicitado actuar con celeridad para responder a las recomendaciones emitidas.
Esta alerta pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar las estrategias de seguridad y justicia en el sur del Valle del Cauca, un territorio donde el conflicto armado sigue dejando profundas cicatrices en la vida de las comunidades locales.
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