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Una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín revela pagos millonarios a las AUC entre 1997 y 2004, mientras el proceso contra empresarios de la multinacional avanza hacia la impunidad.
El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín ha confirmado lo que durante años fue un secreto a voces: la multinacional Chiquita Brands financió directamente a grupos paramilitares en Colombia. Entre 1997 y 2004, la empresa realizó más de 100 pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia por un monto aproximado de 1.7 millones de dólares. Estos pagos, canalizados a través de su filial Banadex, formaban parte de un acuerdo en el que se destinaban tres centavos de dólar por cada caja de plátano exportada.
Un pacto sellado con sangre
La sentencia, que terminará de ser leída el 31 de marzo de 2025, detalla cómo este acuerdo se gestó en reuniones realizadas en Medellín entre altos ejecutivos de Chiquita Brands y líderes paramilitares. Entre los participantes se encontraban Reynaldo Brand, representante legal de la multinacional; Charles Keiser, gerente general de Chiquita en Colombia; Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, comandante del Bloque Bananero; y el propio Carlos Castaño, máximo líder de las AUC.
Los documentos judiciales indican que los pagos iniciaron en Urabá y posteriormente se extendieron al Magdalena Medio. La empresa no solo aprobó los desembolsos, sino que mantuvo su compromiso financiero de manera periódica, con pleno conocimiento de las consecuencias.
La condena en Estados Unidos y la impunidad en Colombia
En 2007 y nuevamente en 2024, Chiquita Brands fue condenada en Estados Unidos por financiar grupos armados ilegales. Sin embargo, en Colombia la historia es distinta. A pesar de que el Tribunal ha confirmado la participación de la multinacional en la violencia paramilitar, hasta el momento no hay sanciones ni reparaciones para las más de 64.000 víctimas del conflicto en Urabá.
Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, enfatiza que aunque la sentencia documenta con claridad los hechos, el proceso sigue sin consecuencias legales para los empresarios implicados.
“Lo importante es que allí no se incluye a los bananeros, empresarios de Chiquita Brands, que financiaron y fomentaron el paramilitarismo en la región de Urabá. Queda nuevamente en la impunidad de sus hechos. Se narra, se cuenta la historia, pero no hay una decisión jurídica”, señaló Vega.
La cuenta regresiva para la justicia
Actualmente, en Colombia hay un proceso en curso contra 10 empresarios de Chiquita Brands, acusados de concierto para delinquir. Sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia ha advertido sobre el inminente riesgo de prescripción. Si no hay un fallo antes del 17 de septiembre de este año, los acusados quedarán impunes pese a las pruebas documentadas, incluyendo las evidencias presentadas en la sentencia contra Raúl Hasbún y otros exparamilitares.
Este caso no solo pone en evidencia la complicidad de multinacionales en el conflicto armado colombiano, sino también la fragilidad del sistema judicial frente a la impunidad empresarial. Mientras las víctimas siguen esperando justicia, los responsables de financiar la violencia en Urabá podrían quedar libres de toda responsabilidad.
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