El ministro de Defensa advierte que, si no hay liberación inmediata, se activará un operativo militar para rescatar a los uniformados retenidos por grupos ilegales.
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La crisis por el secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública en el departamento del Cauca ha escalado en las últimas horas, generando una contundente respuesta por parte del gobierno colombiano. El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aseguró en entrevista con Blu Radio que, si no se logra una liberación inmediata y voluntaria de los 28 policías y el militar retenidos en la zona de La Hacienda, el Estado tomará acciones militares para su rescate.
“Si la lógica y la sensatez no aplican, tenemos la obligación constitucional de efectuar la liberación por otros medios”, afirmó el alto funcionario, dejando en claro que la integridad de los uniformados es una prioridad. Actualmente, las negociaciones siguen en curso, pero el gobierno ya ha diseñado un plan de contingencia para intervenir en caso de que los diálogos no prosperen.
Según el ministro, unidades militares han sido reforzadas en puntos estratégicos como Huisito y Las Brisas para contener la crisis y garantizar la presencia del Estado en la zona. Además, denunció que el secuestro ha tomado un tinte extorsivo, pues los grupos armados que retienen a los uniformados exigen el retiro de la Fuerza Pública del territorio como condición para su liberación.
“Cuando alguien retiene a otra persona y exige algo a cambio, estamos ante un secuestro extorsivo. Nadie, absolutamente nadie puede privar de la libertad a otro ciudadano, salvo las autoridades legítimas del Estado”, subrayó Sánchez, dejando en claro que el gobierno no cederá a presiones de grupos ilegales.
Organismos internacionales como la Defensoría del Pueblo, la ONU y la OEA han intervenido para mediar en la liberación de los secuestrados, y aunque en ciertos momentos se ha estado cerca de lograr un acuerdo, la falta de consenso dentro del grupo armado ha complicado las negociaciones.
El general (r) Sánchez también reveló que la comunidad del Cañón del Micay respalda la presencia del Estado en la región, pues busca mejores condiciones de seguridad y desarrollo. “Los campesinos quieren que ingrese la Fuerza Pública. Ellos exigen un mejor futuro, y el gobierno está comprometido con brindarles esa oportunidad”, explicó el ministro.
Sobre la situación de los uniformados secuestrados, se confirmó que se encuentran en buen estado de salud, han recibido alimentos y pueden interactuar entre ellos dentro del espacio restringido en el que permanecen. “Nuestros policías y militares están preparados para enfrentar amenazas, pero su rescate es una prioridad absoluta para el Estado”, concluyó Sánchez.
Mientras tanto, el gobierno mantiene en alerta sus planes de intervención, dejando claro que no permitirá que grupos ilegales impongan sus condiciones en el territorio nacional.
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