Nacionales | Juan Esteban Restrepo
La reciente orden del Juzgado Décimo Civil que dispone el embargo de cuentas del Gobierno Nacional por una deuda con Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha generado una respuesta inmediata de las autoridades. Según ha podido conocer en primicia La W, el Ministerio de Hacienda procederá a impugnar la decisión y solicitará el desembargo de los fondos retenidos, argumentando que las cuentas de la Nación son inembargables por disposición legal.
El argumento principal del Ejecutivo se sustenta en los artículos 19 y 34 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, los cuales establecen de manera clara que los recursos del Gobierno central no pueden ser objeto de medidas cautelares de embargo. Esta normativa, además, ha sido respaldada en anteriores oportunidades por la Corte Constitucional, lo que refuerza la posición del Ministerio de Hacienda.
Expertos en derecho financiero han señalado que la decisión del juez podría derivar en un problema legal de grandes proporciones, ya que contraviene disposiciones expresas de la legislación presupuestaria colombiana. La controversia radica en que, pese a la existencia de una obligación pendiente con EPM y sus filiales, el mecanismo empleado para hacer efectivo el pago podría ser ilegal.
Por su parte, el Ministerio de Minas ha señalado que ya ha cumplido con el 85% de los pagos acordados con EPM y que se han establecido mecanismos de conciliación para atender las obligaciones restantes dentro de los límites de capacidad financiera del Gobierno. Sin embargo, esto implica que la deuda pendiente de 50.000 millones de pesos, cuyo pago fue ordenado por el juez en un plazo de cinco días, no será cubierta bajo estas condiciones.
El caso plantea un escenario de tensión entre el Gobierno y el sector judicial, ya que un eventual desacato de la orden podría derivar en sanciones para las entidades responsables del pago. Al mismo tiempo, si se confirma la inaplicabilidad del embargo, la controversia podría escalar hasta instancias superiores para definir el alcance real de la decisión judicial y el margen de maniobra del Ejecutivo en la administración de sus recursos.
En el ámbito político, la decisión también ha provocado reacciones diversas. Mientras algunos sectores exigen que el Gobierno asuma sus compromisos financieros con las empresas estatales, otros defienden la postura del Ministerio de Hacienda y advierten que acatar el embargo sentaría un precedente peligroso para la estabilidad fiscal del país.
Por ahora, el proceso sigue en curso y se espera que la impugnación presentada por el Gobierno derive en un nuevo pronunciamiento judicial que aclare la viabilidad de la medida. Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre el desenlace de este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el poder judicial en torno a las deudas con EPM.
0 Comentarios
¡Tu opinión es importante!