La decisión del presidente de la Corte Constitucional genera reacciones en el Congreso y plantea interrogantes sobre la equidad del sistema de jubilación.
La reciente declaración del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, sobre su negativa a pensionarse ha generado un amplio debate en distintos sectores políticos y sociales en Colombia. En entrevista con La W, Ibáñez aseguró que nunca solicitará una pensión, a pesar de cumplir con los requisitos para acceder a ella. Según sus palabras, considera que la pensión es un derecho destinado a quienes necesitan un sustento económico tras haber trabajado durante toda su vida, algo que él no cree necesario para sí mismo.
“Le puedo asegurar que mientras viva no voy a solicitar una pensión. Porque la pensión es un derecho, que se reconozca a quien ha prestado sus servicios, un emolumento, un concepto económico para que pueda dedicarse a descansar. (...) Mientras viva no voy a pensionarme, uno puede renunciar a los derechos. No me voy a pensionar”, declaró el magistrado.
Esta afirmación ha generado reacciones diversas en el ámbito político. El senador Carlos Manuel Meisel manifestó su respeto por la decisión de Ibáñez y aseguró que no se atrevería a interpretarla más allá de lo expresado por el magistrado. Sin embargo, destacó que su declaración podría haber sido más clara para evitar malentendidos.
“Puede ser que simplemente tenga un estilo de vida que lo lleve a querer trabajar hasta sus últimos días”, indicó Meisel, aunque añadió que las palabras del presidente de la Corte no fueron las más adecuadas para comunicar su postura.
Por otro lado, la discusión sobre el sistema de pensiones en Colombia cobra relevancia en el Congreso, especialmente después de que la reforma pensional promovida por el Gobierno no lograra avanzar. Meisel reconoció que esta batalla se perdió en el Legislativo y ahora la decisión está en manos de la Corte Constitucional.
El senador Robert Daza también intervino en el debate, enfatizando la crítica situación de millones de colombianos que no cuentan con acceso a una pensión, particularmente en sectores rurales y entre los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Para Daza, la reforma pensional busca garantizar este derecho a un sector de la población que ha trabajado toda su vida sin recibir una retribución justa que les permita cotizar para su jubilación.
“Hay una realidad en Colombia. Millones de personas que no han tenido derecho a una pensión (...) No es que no tengamos porque no hayamos trabajado, sino porque el trabajo que hacemos no es remunerado para hacer el ahorro pensional y esperamos ese bono”, explicó Daza, refiriéndose a la necesidad de un bono pensional que garantice una vejez digna a quienes han quedado excluidos del sistema.
Según el senador, la reforma pensional propuesta permitiría ampliar el acceso a las pensiones en el país. “Con esta reforma hay la posibilidad de que todos nos pensionemos”, aseguró.
La postura de Ibáñez, en este contexto, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, los criterios de acceso y la equidad en la distribución de recursos. Su decisión de no pensionarse puede interpretarse como un gesto personal, pero también ha puesto sobre la mesa una discusión más amplia sobre la justicia y viabilidad del modelo pensional en Colombia. Ahora, la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre el futuro de la reforma pensional y su impacto en millones de ciudadanos.
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