Orden Público | Santiago Vargas
Productores de arroz en Tolima, Huila, Sucre y Meta completan tres días de protestas, denunciando pérdidas millonarias y falta de respuestas concretas por parte del Gobierno. Exigen la presencia de los ministros de Agricultura, Interior y Ambiente para destrabar las negociaciones.
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El paro arrocero en los departamentos de Tolima, Huila, Sucre y Meta completa su tercer día sin que hasta el momento se haya logrado un acuerdo entre los productores y el Gobierno Nacional. Los cultivadores del cereal exigen soluciones inmediatas que les permitan sostener su actividad productiva, pues afirman que el precio actual del arroz no les permite cubrir sus costos y que las políticas de importación han puesto en jaque la producción nacional.
El principal reclamo de los arroceros se centra en la exigencia de un precio mínimo de 220.000 pesos por carga de 125 kilogramos, frente a los 185.000 pesos que actualmente les pagan los molineros. Según los productores, esta diferencia de precio les genera pérdidas de hasta dos millones de pesos por hectárea, una cifra que hace insostenible la continuidad de su labor y pone en riesgo el sustento de miles de familias que dependen de la producción de arroz en Colombia.
A pesar de que las negociaciones con el Gobierno han avanzado durante los últimos cinco meses, los arroceros denuncian que no han recibido respuestas concretas a sus peticiones. Señalan que, aunque han sostenido reuniones con representantes gubernamentales, los acuerdos no se han materializado en soluciones efectivas. En este sentido, han exigido la presencia de los ministros de Agricultura, Interior y Ambiente en el municipio de Saldaña, Tolima, donde se encuentra instalada la mesa de diálogo. Hasta el momento, solo han podido hablar con viceministros, lo que ha generado desconfianza entre los manifestantes.
Uno de los mecanismos que los productores han solicitado reactivar es el incentivo de almacenamiento, una herramienta que permite retirar temporalmente del mercado los excedentes de arroz y comercializarlos en el primer semestre del siguiente año, cuando los inventarios disminuyen y los precios pueden mejorar. Esta medida, que en el pasado ayudó a estabilizar los ingresos de los arroceros, ha sido eliminada, afectando la sostenibilidad del sector.
La protesta de los arroceros no solo es una lucha económica, sino también una reivindicación de la soberanía alimentaria y la producción nacional. Argumentan que las importaciones de arroz provenientes de otros países, bajo tratados de libre comercio, han generado una competencia desigual que perjudica a los productores colombianos. “Pedimos precios justos y políticas que protejan al productor colombiano porque no podemos seguir compitiendo en desventaja”, señalaron los pequeños y medianos arroceros en un comunicado.
El impacto de esta crisis no se limita a los cultivadores. El sector arrocero genera más de 68.000 empleos directos en 211 municipios de 23 departamentos del país, por lo que su colapso podría afectar gravemente la economía rural. La incertidumbre ha llevado a muchos productores a considerar la posibilidad de abandonar sus cultivos, lo que tendría repercusiones en la seguridad alimentaria del país.
En los puntos de concentración de la protesta, ubicados en varias regiones del Tolima y otros departamentos afectados, los manifestantes han reiterado su disposición al diálogo, pero han advertido que no levantarán el paro hasta que el Gobierno tome medidas concretas para garantizar la sostenibilidad del sector. Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo y el futuro de miles de familias productoras de arroz en Colombia permanece en vilo.
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