Víctimas del Urabá claman justicia mientras se agota el tiempo para evitar que el caso prescriba tras más de 18 años de espera
Los defensores sostuvieron que los empresarios no tenían conocimiento de los nexos entre las cooperativas de seguridad rural Convivir y los grupos paramilitares, y que los pagos efectuados por las filiales de la compañía fueron el resultado de extorsiones sistemáticas y no de complicidad o colaboración. Argumentaron además que las transacciones eran legales, que se hicieron a través del sistema financiero colombiano y que en ese entonces la relación entre las Convivir y las AUC no era de dominio público.
Estas afirmaciones fueron duramente refutadas por los representantes de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, indicó que "era un hecho notorio que las Convivir operaban como brazos armados del paramilitarismo en la región", y añadió que en Urabá "todo el mundo sabía quiénes eran y cómo actuaban". Las evidencias judiciales presentadas señalan que los pagos se mantuvieron incluso después de que se conocieran los verdaderos vínculos de estas cooperativas.
Otra línea de defensa fue planteada por el abogado Jaime Lombana, quien representa a uno de los implicados, Jorge Cadavid. Lombana aseguró que la responsabilidad no recae sobre Banacol, empresa que posteriormente compró a Banadex, filial de Chiquita Brands en Colombia, sino sobre la matriz estadounidense. Sin embargo, la continuidad de los pagos hasta 2004 ha reforzado las sospechas de una estrategia de apoyo sostenido al paramilitarismo.
Desde las organizaciones de víctimas del conflicto armado y los sectores sociales de Urabá, la preocupación es profunda. Líderes comunitarios como Alfranio Solano Morales, quien sufrió el desplazamiento forzado y la pérdida de familiares, alzaron su voz para exigir que el proceso culmine con justicia. "Nos tocó empezar de cero. No ha habido reparación ni reconocimiento. Si esto prescribe, será otro golpe para quienes vivimos el horror", declaró con evidente indignación.
El proceso judicial en Colombia se ha desarrollado en paralelo con fallos emitidos en Estados Unidos, donde Chiquita Brands ya fue sancionada por haber financiado a grupos armados ilegales. Sin embargo, las víctimas colombianas reclaman que las consecuencias judiciales también se hagan efectivas a nivel nacional y que los responsables directos rindan cuentas ante la justicia local.
Este juicio representa un hito para el país en términos de memoria, verdad y justicia. Más allá del resultado, el caso Chiquita refleja las profundas heridas que dejó el conflicto armado y el papel que jugaron sectores empresariales en su prolongación. Si no se dicta sentencia antes del 17 de septiembre, más de 18 años de lucha podrían desvanecerse por vencimiento de términos, lo que sería interpretado por muchas víctimas como una segunda traición.
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