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Red de presiones y amenazas sacude al sector salud tras denuncia por millonario contrato en Leticia

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Política | Santiago Valencia Córdoba


Exinterventora revela maniobras irregulares y tensiones con la esposa del ministro de Salud por buque hospital en el Amazonas

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La denuncia de Lina Baracaldo, exinterventora del Hospital San Rafael de Leticia, ha desencadenado una tormenta en el Ministerio de Salud que podría tener implicaciones legales y políticas de alto alcance. Baracaldo, quien fue retirada del cargo por el superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán, reveló haber recibido presiones y amenazas tras negarse a firmar un contrato por más de 73.000 millones de pesos para la construcción de un buque hospital en el Amazonas. Detrás del polémico proyecto aparece la figura de Beatriz Gómez, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien, según la exfuncionaria, habría exigido su firma bajo condiciones irregulares.

Baracaldo, nombrada como auxiliar de justicia y por tanto autónoma en sus decisiones, aseguró que su negativa se basó en la falta de garantías financieras y claridad presupuestal del contrato. “Me dijeron que no preguntara, que solo firmara”, relató en una entrevista con Mañanas Blu. Explicó que no existía un respaldo para cubrir el costo total del proyecto, ni se había definido quién asumiría el mantenimiento del buque, cuyo funcionamiento anual costaría cerca de 18.000 millones de pesos. Añadió que la intervención financiera del hospital obligaba a una evaluación rigurosa, incompatible con la premura con la que se exigía la firma del contrato.

El escándalo tomó mayor dimensión al conocerse una grabación en la que Gómez presiona a Baracaldo para que firme antes del 31 de marzo, fecha límite impuesta sin explicación clara. La exinterventora afirmó que esa llamada fue solo una de muchas comunicaciones en las que se le insistió firmar o renunciar. “Ya me habían advertido que si no firmaba tenía que irme”, declaró, revelando además que desde su salida ha recibido llamadas intimidantes de personas desconocidas, motivo por el cual mantiene en reserva su ubicación actual por razones de seguridad.

El contrato, inicialmente tasado en 55.000 millones de pesos, fue ajustado a 73.000 millones debido al aumento de los costos del acero, según Cotecmar, la empresa constructora encargada. El proyecto contempla la construcción, dotación y transporte del buque desde Cartagena hasta Leticia, lo que según Baracaldo requería una planeación financiera mucho más sólida que la ofrecida hasta el momento.

El episodio reaviva los cuestionamientos sobre la transparencia en los procesos contractuales del sector salud y pone bajo la lupa el papel de la Superintendencia Nacional de Salud, cuya delegada —en este caso, la esposa del ministro— parece haber ejercido una presión indebida sobre una funcionaria independiente. Baracaldo anunció que evalúa emprender acciones legales por constreñimiento ilegal, al considerar que se vulneró su autonomía como interventora judicial.

La denuncia plantea interrogantes sobre los límites entre lo técnico y lo político en la gestión pública, y abre un nuevo frente de controversia para el gobierno, que ya enfrenta críticas por su manejo de la reforma a la salud. En Leticia, mientras tanto, el hospital continúa en crisis y el buque hospital sigue siendo un proyecto incierto, en medio de una tormenta que apenas comienza a desatarse.

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