Las contradicciones en la versión oficial abren dudas sobre la transparencia del proceso
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📍 Bogotá, Colombia – Un nuevo giro en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha puesto en el centro de la tormenta a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. La alta funcionaria enfrenta serios cuestionamientos tras conocerse documentos internos que desmienten sus propias declaraciones sobre el manejo del caso y la aprobación de beneficios judiciales a testigos clave.
Todo comenzó con una declaración oficial de Camargo, fechada el 13 de mayo, en la que afirmaba que los fiscales a cargo del caso UNGRD actuaban con “independencia y autonomía” en lo referente a los principios de oportunidad. Sin embargo, solo un día después, un documento interno firmado por su propio equipo fiscal reveló lo contrario: la decisión de otorgar dicho principio a Sandra Ortiz —exconsejera presidencial— “está pendiente de autorización por parte de la fiscal general”.
El testimonio congelado de Sandra Ortiz
Sandra Ortiz es una ficha crucial en la investigación. A través de una matriz de colaboración entregada en marzo, ofreció pruebas que comprometen a varios funcionarios del alto gobierno, entre ellos Carlos Ramón González, Vladimir Fernández e Iván Name. Su disposición a colaborar hizo prever que recibiría el principio de oportunidad, una herramienta judicial que facilita la cooperación a cambio de beneficios penales.
Pero la autorización nunca llegó. La aparente dilación y contradicción en el manejo del beneficio a Ortiz encendió las alarmas. Para muchos, esta omisión no es menor: sin el principio de oportunidad aprobado, las revelaciones clave de Ortiz podrían quedar silenciadas o desestimadas judicialmente.
¿Error, omisión o maniobra?
La Red de Veedurías Ciudadanas fue la primera en dar un paso formal: solicitó una investigación contra la fiscal Camargo por posible falsedad en documento público, citando contradicciones entre sus declaraciones y los registros firmados. La organización pidió además que se designe un fiscal ad hoc para garantizar transparencia e imparcialidad en el proceso.
El ambiente en la Fiscalía se ha tornado tenso. Las versiones cruzadas y la posible manipulación de tiempos y decisiones jurídicas han dejado en el aire una duda mayor: ¿puede seguir al frente del caso quien parece estar implicada en el encubrimiento o manipulación del mismo?
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