Presidente pidió cautela, pero el ente investigador insiste en un posible trasfondo electoral
Artículo
Un giro inesperado sacude la escena política nacional. La Fiscalía General de la Nación aseguró este jueves que el reciente atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay habría tenido motivos políticos, lo que ha desatado tensiones dentro del Gobierno, especialmente tras una reacción poco habitual del presidente Gustavo Petro: “Eso no se puede decir”, expresó con molestia en un encuentro privado con miembros de su gabinete.
El pronunciamiento oficial del ente investigador ha puesto sobre la mesa un escenario delicado: ¿se trató de un intento deliberado por silenciar a un opositor en medio de un ambiente preelectoral crispado? Aunque las autoridades aún no han revelado detalles completos del caso, se sabe que el ataque ocurrió a plena luz del día en una calle del norte de Bogotá y que los sicarios utilizaron armas de precisión.
“Los primeros indicios y declaraciones apuntan a un móvil claramente político”, afirmó un fiscal del caso bajo condición de anonimato. De inmediato, el presidente Petro solicitó prudencia en la divulgación de los hallazgos. “No podemos adelantar conclusiones ni generar un ambiente de persecución política que no ha sido demostrado con pruebas concluyentes”, dijo más tarde en una declaración pública, sin ocultar su desagrado por la línea adoptada por la Fiscalía.
Sin embargo, dentro del Ministerio Público y otros sectores del Congreso, hay preocupación creciente. Dos semanas. Ese es el plazo que la Fiscalía estima crítico para determinar si el ataque fue parte de una estrategia coordinada para intimidar o eliminar figuras clave de la oposición.
Miguel Uribe, quien continúa su proceso de recuperación, ha guardado silencio desde el atentado, pero fuentes cercanas aseguran que prepara un pronunciamiento que podría sacudir aún más el debate público. Mientras tanto, su equipo de campaña ha reforzado las medidas de seguridad y ha suspendido temporalmente los recorridos por regiones del país.
El caso ha generado repercusiones internacionales. Varios observadores de derechos humanos y representantes de misiones diplomáticas han expresado su inquietud ante un posible patrón de violencia política que podría empañar las garantías democráticas de cara a los comicios presidenciales.
Para la ciudadanía, la sensación es de incertidumbre. ¿Quién está detrás del atentado? ¿Por qué justo ahora? ¿Hay más figuras amenazadas? Las respuestas aún no llegan, pero el reloj corre. En estas dos semanas clave, lo que descubra –o no– la Fiscalía podría cambiar el rumbo del clima político en Colombia.
0 Comentarios
¡Tu opinión es importante!