El presidente plantea una consulta simbólica en las elecciones legislativas, desafiando los límites constitucionales y avivando una tormenta política.
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Barranquilla, junio 21 de 2025 — Una frase lanzada desde el Caribe colombiano ha estremecido los cimientos del orden institucional: “Espero la decisión de millones”. Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro anunció que en marzo de 2026, junto a las elecciones legislativas, los colombianos encontrarán una papeleta adicional. El propósito: consultar al pueblo sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta, aunque simbólica, huele a ruptura, evoca fantasmas del pasado y proyecta interrogantes hacia el porvenir inmediato.
La iniciativa presidencial, planteada como un llamado a “actualizar” la Constitución de 1991, toca fibras sensibles de la historia reciente. Crisis climática, justicia social, paz integral y una democracia “profunda” son los pilares del discurso que la respalda. Pero bajo el mensaje de renovación institucional, muchos perciben una jugada política que pone a prueba los límites del poder establecido.
Ecos de 1990: la Séptima que se volvió primera
La alusión es inevitable. En 1990, una papeleta no oficial impulsada por estudiantes universitarios —la famosa Séptima Papeleta— logró catalizar una transformación constitucional sin precedentes. En medio de un país convulsionado por el narcotráfico, la violencia política y la deslegitimación del régimen de 1886, cinco millones de ciudadanos dijeron sí a una nueva Constitución.
Hoy, Petro parece querer encender esa misma chispa. Pero el país, 35 años después, es otro: menos ingenuo, más polarizado, y con un marco jurídico que no deja resquicios fáciles para iniciativas extralegales.
Tensiones jurídicas y un Congreso en guardia
El artículo 376 de la Constitución actual es claro: cualquier convocatoria a una Asamblea Constituyente requiere una ley aprobada por mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso y una revisión previa por parte de la Corte Constitucional. Saltarse este proceso sería, según expertos, una amenaza al equilibrio de poderes.
“El presidente no puede revivir la Séptima Papeleta como si se tratara de una expresión inocua de opinión ciudadana”, afirma el constitucionalista Juan Manuel Charry. “Sin el camino legal correspondiente, una consulta simbólica se convierte en un acto político que desafía la legalidad”.
El temor, entre juristas y opositores, no es solo que la papeleta exista, sino que su resultado —si es masivo y favorable— se utilice como argumento de facto para forzar una transformación institucional sin el aval del Congreso ni de la Corte.
Un termómetro que podría incendiar la sala
Petro ha insistido en que no busca reemplazar la Carta de 1991, sino “cumplirla”, convertir sus ideales en hechos palpables. Sin embargo, la pregunta que subyace en muchos sectores es: ¿qué pasa si la papeleta tiene un respaldo abrumador? ¿Será solo un gesto simbólico… o una antesala para una confrontación directa con los poderes constituidos?
La historia no se repite, pero sí rima. Mientras el presidente convoca a un nuevo pacto social desde las urnas, la oposición se alista para denunciar un intento de bypass institucional. La ciudadanía, por su parte, comienza a ser testigo de una posible bifurcación histórica: una decisión electoral que podría marcar, como en 1991, un punto de no retorno.
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