La multinacional del sector salud entregó donaciones a colectividades de varios sectores políticos 🏛️
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La empresa multinacional Keralty, que agrupa a EPS como Sanitas, aparece en el reporte oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) como donante de siete partidos políticos colombianos, con aportes que sumaron $145 millones y fueron realizados antes de las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.
Los partidos que figuran en los registros son: Alianza Verde, ASI, Cambio Radical, Centro Democrático, Colombia Justa Libres, Partido Liberal y el Partido Conservador. Los aportes fueron declarados en los formularios exigidos por la ley electoral y corresponden, en su mayoría, a apoyos logísticos o eventos institucionales, según aclararon algunos de los partidos beneficiados.
💬 La controversia surgió luego de que el presidente Gustavo Petro, en una reciente alocución televisada, cuestionara la independencia de ciertas EPS y señalara posibles intereses políticos tras sus decisiones, en medio de la crisis del sistema de salud y la reforma que promueve el Gobierno.
Aunque las donaciones corporativas están permitidas por la legislación electoral colombiana, siempre que sean transparentes y reportadas, la divulgación de estos aportes ha reavivado el debate sobre el papel de las empresas privadas en la política, especialmente en sectores como el de la salud, donde las decisiones gubernamentales impactan directamente sus modelos de negocio.
🔎 Organismos de control como la Procuraduría General y la Misión de Observación Electoral (MOE) han pedido que se revise si estos aportes influyeron en decisiones públicas o en las posiciones de los partidos frente a la reforma a la salud.
Desde Keralty, por su parte, no se ha emitido aún una respuesta oficial, aunque voceros en anteriores ocasiones han defendido la neutralidad institucional de la compañía en los asuntos políticos.
🧩 La información, aunque pública, no había generado mayor atención hasta el reciente pronunciamiento presidencial. Ahora, queda en manos de los entes de control y la opinión pública determinar si hubo o no conflicto de interés o simple ejercicio legal del derecho a participar en la democracia.
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