Trump intensifica su presión sobre las elecciones estatales de EE.UU. antes de las legislativas

Política | Por: Santiago Valencia Córdoba

Funcionarios denuncian intentos coordinados desde la Casa Blanca para acceder a equipos electorales

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Funcionarios electorales en varios estados de Estados Unidos han reportado una serie de contactos inusuales por parte de figuras ligadas a la administración del presidente Donald Trump. Estos acercamientos, que van desde solicitudes de acceso a equipos hasta propuestas de colaboración con entidades federales, han despertado preocupación entre autoridades locales y defensores del derecho al voto.

En Colorado, los supervisores electorales Carly Koppes y Justin Grantham denunciaron que recibieron llamadas y mensajes de Jeff Small, un consultor vinculado al Partido Republicano. Según afirmaron, Small se presentó como colaborador de Stephen Miller y aseguró actuar en nombre de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia. Su objetivo habría sido obtener autorización para que terceros examinaran sistemas de votación, una petición que fue firmemente rechazada.

“Ni siquiera vas a respirar cerca de mi equipo”, respondió Koppes al consultor.

Aunque la Casa Blanca ha intentado desvincularse públicamente de estas iniciativas, diversas fuentes indican que existe una estrategia más amplia impulsada por Trump y sus aliados. El presidente ha firmado un decreto que obliga a los estados a exigir prueba de ciudadanía para el registro electoral y busca restringir el voto por correo, entre otras medidas. Partes de este decreto han sido suspendidas por jueces federales por exceder las competencias del Ejecutivo.

Desde organizaciones civiles como Voting Rights Lab, su directora Samantha Tarazi advirtió que el mandatario estaría utilizando el poder federal para redibujar el escenario electoral a su favor. “Lo que empezó como un decreto inconstitucional se ha convertido en una movilización federal para tomar el control de nuestras elecciones”, expresó.

Por su parte, la Casa Blanca defiende las acciones como parte de una cruzada por la integridad electoral. El portavoz Harrison Fields declaró que Trump seguirá impulsando medidas “de sentido común” y aseguró que las iniciativas se sostendrán en tribunales.

Además del decreto presidencial, se han identificado otros movimientos significativos:

• El Departamento de Justicia ha solicitado registros electorales a más de una decena de estados.

• En Texas, los legisladores republicanos presentaron un nuevo mapa electoral que favorece al partido en la mayoría de distritos.

• La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley SAVE, que penaliza el registro de votantes sin prueba de ciudadanía, a pesar de críticas por su posible impacto sobre votantes legítimos.

Estas acciones, combinadas con presiones locales, dibujan un panorama en el que la administración Trump busca redefinir las reglas electorales antes de las elecciones legislativas de 2026. La composición futura del Congreso dependerá en buena medida del desenlace de estas tensiones institucionales. Los demócratas, con apenas tres escaños necesarios para recuperar la mayoría, ven en este esfuerzo una amenaza directa al equilibrio democrático.

El debate entre seguridad electoral y acceso al voto vuelve así al centro de la escena política, con implicaciones que trascienden los comicios intermedios y podrían moldear la estructura electoral del país durante años.