Jueza federal suspende deportaciones aceleradas de inmigrantes con "parole" humanitario en EE.UU.

Migración | Por: Álvaro Sandoval   

Decisión judicial frena temporalmente la política de deportación rápida aplicada a quienes ingresaron legalmente bajo programas de permanencia humanitaria.

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Este viernes, una jueza federal emitió una orden para suspender la aplicación de las deportaciones aceleradas a inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos a través de programas de “parole” o autorizaciones de permanencia humanitaria. La medida representa un triunfo para grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentaban que la política del Gobierno de Trump era ilegal y violaba el debido proceso.

La jueza Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, determinó que la política probablemente infringe las leyes de inmigración y calificó la acción del Gobierno como “arbitraria y caprichosa” desde la perspectiva del derecho administrativo. La suspensión se mantendrá vigente mientras se resuelve la demanda judicial.

La orden bloquea tres directivas emitidas durante la administración Trump, que buscaban acelerar las deportaciones de personas con “parole” otorgado en los puertos de entrada, a pesar de que muchos de ellos cuentan con documentos válidos o procesos legales en curso. Los demandantes, incluyendo organizaciones como CHIRLA, CASA y UndocuBlack, sostienen que el Gobierno violó la Ley de Inmigración y Nacionalidad al tratar a estos inmigrantes como si hubieran ingresado ilegalmente, negándoles el acceso a recursos legales y procesos judiciales adecuados.

Este caso es uno de los primeros desafíos legales significativos a la política migratoria durante el segundo mandato de Trump, y marca un precedente clave sobre cómo los tribunales federales interpretarán el alcance del poder ejecutivo en materia migratoria tras la decisión de la Corte Suprema en Trump v. CASA.

La política de “expulsión acelerada” había comenzado a aplicarse de manera más estricta, con agentes del ICE deteniendo a personas con “parole” fuera de los tribunales y sin permitirles acceso a representación legal. Abogados y defensores temen que esta medida ponga en riesgo la deportación sumaria de millones de personas, muchas de ellas refugiadas que buscan permanecer legalmente en el país.

El fallo de la jueza Cobb representa un respiro para estas comunidades, dejando en claro que la aplicación de la política migratoria debe respetar el debido proceso y las garantías legales que protegen a los inmigrantes bajo el sistema estadounidense.