Política | Santiago Valencia Córdoba
El presidente pone su Gobierno en manos del pueblo en medio de la controversia por la Reforma Laboral y el despido de la hija de un senador opositor
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La decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular para salvar sus reformas ha sacudido el panorama político colombiano y ha abierto un nuevo frente de batalla entre el Ejecutivo y el Congreso. Con un tono desafiante, el mandatario respondió a las advertencias del presidente del Senado, Efraín Cepeda, asegurando que está dispuesto a arriesgar su Gobierno y someterlo al veredicto ciudadano.
Las tensiones aumentaron tras la radicación de la ponencia de archivo de la Reforma Laboral, un duro golpe a una de las iniciativas clave del Gobierno. Ocho de los catorce congresistas de la Comisión Séptima del Senado firmaron el documento que selló el destino del proyecto, lo que llevó a Petro a responder con una apuesta arriesgada: la consulta popular como mecanismo para revivir su agenda legislativa.
Cepeda advirtió en una entrevista con W Radio que, si la consulta fracasa, el Gobierno Petro quedará desinstitucionalizado. Ante esto, el presidente reaccionó con firmeza, insistiendo en que su lucha por la transformación del país continuará, incluso si ello significa enfrentar el desgaste político de una consulta en la que pondrá en juego su credibilidad y liderazgo.
Sin embargo, la controversia no se ha limitado al debate legislativo. Un hecho paralelo ha generado indignación y sospechas de represalias políticas. El despido de Silvia Patricia Pinto Vargas, quien se desempeñaba como gerente regional operativa en Bogotá del Fondo Nacional del Ahorro, desató una tormenta política debido a la estrecha relación entre su salida y la decisión de su padre, el senador Miguel Ángel Pinto, de firmar la ponencia de archivo de la Reforma Laboral.
El congresista liberal no tardó en reaccionar, enviando un mensaje cargado de significado en sus redes sociales: “Afortunadamente mi hija tiene papá, yo a ella sí la crié”, una frase que muchos interpretaron como una réplica directa a la célebre declaración del presidente Petro sobre su hijo Nicolás Petro, cuando intentó desmarcarse del escándalo que lo involucra en un caso de lavado de activos.
Este episodio ha sido leído por analistas y opositores como un posible acto de retaliación política por parte del Gobierno. Mientras algunos sectores consideran que el despido de Pinto Vargas responde a la lógica de los cambios administrativos dentro de una entidad estatal, otros creen que se trata de una advertencia para quienes se opongan a la agenda del Ejecutivo.
En medio de este ambiente caldeado, la consulta popular propuesta por el presidente sigue siendo una incógnita. Aunque Petro ha dejado claro que confía en el respaldo popular, el camino para materializar este mecanismo no es sencillo. La consulta debe superar varios filtros institucionales y jurídicos antes de convertirse en una realidad, y la oposición ya ha manifestado su intención de bloquear cualquier intento de convocarla.
El desenlace de este pulso entre el Ejecutivo y el Congreso marcará el rumbo del Gobierno en los próximos meses. Si Petro logra que la consulta avance y obtiene un resultado favorable, podría consolidar su poder y recuperar la iniciativa política. Pero si fracasa, su administración quedaría debilitada y enfrentaría un escenario de incertidumbre en el que sus reformas estarían prácticamente enterradas.
El choque entre el Gobierno y el Congreso no es nuevo, pero en esta ocasión las tensiones han alcanzado un punto crítico. La pregunta ahora es si Petro logrará convertir esta crisis en una oportunidad o si, por el contrario, esta apuesta lo acercará al desgaste definitivo de su mandato.
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