Nacionales | Juan Esteban Restrepo
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La Procuraduría General de la Nación ha puesto en marcha una exhaustiva investigación sobre la situación crítica de los residuos sólidos en el país, con el objetivo de consolidar un diagnóstico actualizado que permita tomar decisiones oportunas en materia de gestión ambiental. A través de una solicitud formal, el ente de control ha requerido información detallada a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sobre la ubicación, operación y problemáticas de los rellenos sanitarios en cada jurisdicción.
Entre los datos requeridos se encuentran el nombre del operador, la cobertura territorial del sitio de disposición, las condiciones operativas, la vida útil estimada y los instrumentos de manejo y control ambiental vigentes. Además, se ha solicitado información sobre la autoridad encargada del seguimiento, los planes de contingencia implementados y los procesos sancionatorios ambientales en curso, incluyendo detalles como fecha de apertura, cargos formulados y estado actual de los procedimientos.
La preocupación de la Procuraduría surge ante el inminente colapso de varios rellenos sanitarios en el país, el aumento de conflictos socioambientales y el impacto negativo sobre la salud pública. Algunas comunidades han denunciado deficiencias en el manejo de los residuos, generando contaminación de fuentes hídricas y proliferación de enfermedades. Expertos advierten que la falta de planificación y control podría derivar en una crisis sanitaria de gran magnitud.
Un caso emblemático es el del relleno sanitario Doña Juana en Bogotá, el cual ha presentado múltiples emergencias debido a deslizamientos de basuras y malos olores que afectan a miles de habitantes. En Medellín, el relleno La Pradera también enfrenta problemas de capacidad, lo que podría comprometer la disposición de residuos en el Valle de Aburrá. Situaciones similares se reportan en Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde las comunidades han elevado su voz de protesta ante el deficiente manejo de los desechos.
Ante este panorama, la Procuraduría ha reiterado que, aunque no tiene funciones de coadministración, debe ejercer un rol activo en el control y prevención de irregularidades que puedan afectar los derechos colectivos. Por ello, insta a las autoridades ambientales y operadores de rellenos sanitarios a cumplir con la normativa vigente y garantizar la prestación eficiente del servicio público de aseo.
Como parte de las medidas de mitigación, se plantea la necesidad de transitar hacia un modelo de economía circular, fortaleciendo el reciclaje y la valorización de residuos. Diversas organizaciones ambientales han propuesto la creación de plantas de tratamiento de residuos sólidos y el impulso de proyectos de energía renovable a partir de desechos, lo que podría reducir la dependencia de los rellenos sanitarios y minimizar el impacto ambiental.
En los próximos meses, se espera que la información recopilada por la Procuraduría permita establecer un plan de acción para mejorar la gestión de residuos sólidos en el país. Entretanto, las comunidades afectadas continúan exigiendo soluciones inmediatas para evitar que la crisis se agrave y comprometa la calidad de vida de miles de colombianos.
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