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Gustavo Petro bajo fuego político y diplomático luego de que Kristi Noem lo acusara de simpatizar con el Tren de Aragua

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Política | Santiago Valencia Córdoba

Acusaciones sobre supuesta cercanía con el Tren de Aragua generan crisis diplomática y tormenta política en Colombia

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Una nueva tormenta política y diplomática ha estallado entre Colombia y Estados Unidos, luego de que la secretaria de Seguridad Interna de Donald Trump, Kristi Noem, realizara explosivas declaraciones que comprometen directamente al presidente Gustavo Petro. Según Noem, durante una visita oficial a Colombia realizada hace dos semanas, el mandatario colombiano no solo criticó duramente al gobierno estadounidense, sino que además habría mostrado una actitud comprensiva hacia los miembros del grupo criminal transnacional conocido como el Tren de Aragua.

“Empezó con él criticando a nuestro gobierno durante aproximadamente media hora y hablando de cómo se malinterpreta a los miembros del Tren de Aragua, que en realidad solo eran personas que necesitaban más amor y comprensión”, afirmó Noem ante medios de comunicación en su país, generando una reacción en cadena tanto en Colombia como en el escenario internacional.

Ante la gravedad de las declaraciones, la Cancillería colombiana respondió con firmeza, calificando como inaceptables las afirmaciones de la funcionaria estadounidense y recordando que Colombia ha sido víctima del narcotráfico y el crimen organizado por más de seis décadas. En un comunicado oficial, el gobierno subrayó el “firme e inquebrantable compromiso” del presidente Petro con la lucha contra estas amenazas, tanto en escenarios públicos como en gestiones privadas.

No obstante, el pronunciamiento oficial no logró detener la oleada de críticas dentro del país. Desde distintos sectores políticos, figuras públicas, congresistas y exfuncionarios arremetieron contra el jefe de Estado. El partido Cambio Radical lo acusó de “hacer quedar en ridículo a Colombia”, mientras que el exfiscal general Francisco Barbosa, férreo opositor del actual gobierno, expresó en sus redes sociales: “Mientras yo combatía al Tren de Aragua, Petro les ofrecía 'amor y comprensión'. Hoy queda en evidencia la política de impunidad total que representa este gobierno”.

A estas críticas se sumó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien consideró que la permisividad del gobierno frente a los criminales envía un mensaje erróneo al mundo y refuerza la percepción de debilidad institucional. Por su parte, el senador liberal Mauricio Gómez Amin fue aún más directo al afirmar que Petro “prefiere abrazar a los delincuentes antes que proteger a las víctimas”.

La controversia no solo ha alimentado la polarización política en Colombia, sino que también ha puesto en riesgo las ya tensas relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington. Aunque la administración Biden se ha mostrado más cauta que la del expresidente Trump respecto al gobierno de Petro, lo cierto es que estas nuevas declaraciones, procedentes de una figura relevante en el espectro republicano, podrían afectar futuras colaboraciones en temas como seguridad regional, migración y cooperación antinarcóticos.

Más allá del escándalo puntual, el episodio revive un debate de fondo sobre la estrategia de seguridad del gobierno Petro. Su política de “paz total”, que busca desmantelar las estructuras criminales mediante el diálogo y la reintegración social, ha sido vista por algunos sectores como un intento audaz de romper con el enfoque militarista tradicional, mientras que otros la perciben como una peligrosa permisividad frente a actores ilegales.

El silencio del presidente Petro frente a las acusaciones específicas de Noem también ha sido objeto de crítica. Aunque sus portavoces han insistido en que su postura frente al crimen organizado no ha cambiado, la falta de un pronunciamiento directo del mandatario ha dejado espacio para la especulación y ha sido interpretada como una señal de debilidad o desdén frente a una crisis diplomática que podría escalar.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación cómo el nombre de Colombia vuelve a vincularse con redes criminales en titulares internacionales, en un momento en que el país necesita fortalecer su imagen global para atraer inversiones, impulsar el turismo y afianzar relaciones estratégicas con potencias aliadas.

La controversia continúa desarrollándose, y su desenlace dependerá de si el gobierno colombiano decide redoblar esfuerzos para aclarar lo ocurrido o si opta por minimizar el impacto mediático, apostando a que la tormenta se disipe por sí sola. En cualquier caso, la acusación de ser “amigo” del Tren de Aragua ha puesto a Gustavo Petro en el centro de un huracán político que no muestra señales de amainar.

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