Comunidades afrodescendientes exigen presencia urgente del Estado tras combates entre grupos ilegales en Jardines de Sucumbíos
El alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, confirmó que las autoridades de Policía y Ejército de ambas regiones analizan las denuncias presentadas por los consejos comunitarios. Aseguró además que ya se habían emitido alertas tempranas sobre la presencia de grupos armados ilegales en esta zona fronteriza, históricamente dominada por los denominados "Comandos de Frontera", actualmente involucrados en diálogos de paz con el Gobierno Nacional.
Las víctimas fueron identificadas por las comunidades como Carlos Agustín Quijijije Espinel, Carlos Antonio Quijijije Cortés, Jesús David Rojas, José Ángel Gómez Sinisterra, Iván Andrés Narváez Flores, Yamid Cifuentes Cruz, Fredy Obando y Jhon Kevin Bastidas Benavides. Según Asoccafrain, sus familiares temen que hayan sido secuestrados por uno de los grupos en confrontación, aunque hasta el momento se desconoce su paradero y estado de salud.
De acuerdo con los testimonios recogidos por líderes sociales y campesinos, los enfrentamientos a plena luz del día en las veredas Nueva Esperanza, Nuevo Renacer y Liberación y Futuro dejaron además dos civiles muertos, cuyas identidades aún no han sido reveladas. La situación ha obligado a decenas de familias a refugiarse en albergues comunitarios como la Escuela Rural Mixta San José de los Pinos, la caseta El Bambú y la Escuela Mixta Fronteras del Amarradero.
A esta grave emergencia se suma el hecho de que, según pobladores locales, en el área aún no se ha hecho presente ninguna autoridad estatal. La falta de protección ha generado temor entre los residentes, al punto que se han visto obligados a dejar de usar prendas negras, como sudaderas o camisetas, para evitar ser confundidos con miembros de los grupos armados.
Defensores de derechos humanos advirtieron que no está claro aún cuál grupo ilegal habría intentado incursionar en este territorio, alterando el precario equilibrio existente en la región. Mientras tanto, los familiares de los desaparecidos piden al grupo armado que los tiene retenidos que respete sus vidas y los libere cuanto antes, sanos y salvos.
La situación en los límites de Nariño y Putumayo se convierte así en un nuevo foco de violencia que pone en jaque las promesas de paz total del Gobierno Nacional y que, además, subraya la urgencia de una intervención estatal decidida para salvaguardar los derechos y la vida de las comunidades afrodescendientes e indígenas del sur del país.
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