En un ambiente de creciente tensión, el Gobierno colombiano ha activado una de las medidas más severas de seguridad interna: el acuartelamiento de primer grado para todas las Fuerzas Militares del país. La orden, transmitida por radiograma oficial, incluye al Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y responde directamente a las movilizaciones convocadas en el marco del paro nacional.
La instrucción exige la disposición inmediata y permanente del personal militar en sus unidades, restringiendo permisos y tiempos de descanso para mantener la operatividad total de las tropas. Esta decisión, ejecutada sin previo anuncio público, refleja la creciente preocupación del Ejecutivo frente a posibles disturbios, bloqueos o enfrentamientos en distintos puntos del país.
Una alerta silenciosa que sacude los cuarteles
Fuentes cercanas al alto mando militar confirmaron que el acuartelamiento fue ordenado como una medida preventiva, "ante escenarios de alteración del orden público que no pueden ser subestimados". Aunque la medida aún no contempla toques de queda o intervención directa, abre la puerta a posibles operativos de control o disuasión en zonas críticas.
Los organizadores del paro han ratificado las movilizaciones, en su mayoría pacíficas, pero el recuerdo de jornadas anteriores marcadas por confrontaciones y represión ha generado inquietud en sectores sociales y organismos de derechos humanos. La presencia militar activa podría tener un efecto disuasorio o, por el contrario, un detonante de mayor tensión.
Reacciones divididas y vigilancia internacional
Mientras voceros del Gobierno defienden la decisión como "responsable y preventiva", algunos parlamentarios y defensores de derechos humanos alertan sobre los riesgos de militarización del conflicto social. “Estamos a un paso de criminalizar la protesta”, afirmó un senador de la oposición en declaraciones a medios locales.
La comunidad internacional, especialmente observadores de derechos civiles, sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos. La preocupación no solo radica en el despliegue militar, sino en cómo se garantizará el respeto a las libertades constitucionales durante las manifestaciones.
Un país expectante ante lo que pueda ocurrir
Las próximas horas serán decisivas. ¿Serán las calles el escenario de una protesta democrática o de un nuevo pulso de fuerza? ¿Responderá el Gobierno con apertura al diálogo o reforzará el control con botas militares?
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