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Un nuevo capítulo de tensión judicial y diplomática se escribe entre Guatemala y Colombia. El fiscal especial Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ha defendido con firmeza las órdenes de captura emitidas contra el exministro colombiano de Defensa Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo, señalados de haber actuado al margen de la ley en uno de los escándalos de corrupción más emblemáticos de América Latina: el caso Odebrecht.
Lo que podría parecer una maniobra política adquiere matices más oscuros al analizar los cargos. Según la FECI, ambos funcionarios colombianos habrían incurrido en asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión, tras supuestamente negociar acuerdos secretos con altos directivos de Odebrecht sin autorización legal ni supervisión judicial.
Un correo electrónico como chispa
En una reciente entrevista con Blu Radio, Curruchiche reveló que un correo electrónico enviado por Iván Velásquez —en el que se refería a detalles del manejo del caso Odebrecht en Colombia— despertó nuevas alarmas en la fiscalía guatemalteca.
"Nos ha llamado la atención una comunicación del señor Velásquez donde afirma tener información sobre cómo se manejó todo en Colombia. Eso genera más preguntas que respuestas", declaró Curruchiche, dejando entrever que podría haber un entramado internacional de encubrimiento detrás del escándalo.
La Sala Tercera de Apelaciones en Guatemala ya validó las órdenes de captura, lo que allana el camino para la solicitud de extradición formal y la activación de una alerta internacional a través de Interpol.
Rechazo desde Colombia
La reacción del gobierno colombiano no se hizo esperar. La Cancillería emitió un comunicado rechazando la medida, tildándola de inaceptable y de “atentado contra la justicia internacional”. El presidente Gustavo Petro fue más allá, afirmando que “la Fiscalía guatemalteca obedece al crimen y no a las ciudadanías”.
Estas declaraciones solo han intensificado la tensión diplomática, mientras se cierne un telón de incertidumbre sobre las consecuencias que esta disputa pueda acarrear para las relaciones bilaterales y la cooperación judicial en la región.
¿Justicia o vendetta?
Para analistas políticos, el proceso impulsado por Curruchiche podría tener motivaciones más profundas que las estrictamente judiciales. “Este no es un simple proceso legal; es una jugada geopolítica”, advirtió un experto en derecho internacional consultado por Digital News in Spanish.
Curruchiche, sin embargo, insiste: “Nadie está por encima de la ley, y mucho menos cuando se trata de la soberanía de Guatemala”.
Lo que viene
La batalla legal apenas comienza. Con la extradición en marcha y la presión internacional en aumento, este caso podría convertirse en un símbolo de confrontación entre dos modelos de justicia: uno autónomo y nacionalista, y otro multilateral y basado en la cooperación regional.
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