El excanciller habría buscado respaldo internacional para sacar a Petro del poder, sin éxito comprobado.
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La tormenta política que rodea al excanciller Álvaro Leyva Durán sigue intensificándose. Los recientes audios filtrados, en los que se le escucha relatar supuestos contactos en Estados Unidos para promover un cambio de gobierno en Colombia, han desatado una ola de interpretaciones, alertas diplomáticas y exigencias de investigación. Sin embargo, hasta ahora, no existe una sola prueba verificable que confirme la participación o complicidad de los congresistas estadounidenses mencionados.
En las grabaciones, reveladas por el diario El País de España, Leyva afirma haber sostenido reuniones en abril con políticos del Partido Republicano, incluyendo Mario Díaz-Balart, Marco Rubio y Carlos Antonio Giménez. En una parte del audio, se escucha decir: “Los Díaz-Balart son los que están detrás del secretario de Estado”, sugiriendo vínculos indirectos con el liderazgo diplomático de EE. UU.
El relato es contundente, pero carece de sustento documental. Fuentes cercanas a los congresistas citados han negado cualquier participación en el supuesto plan, y hasta el momento no hay evidencia de que hayan conocido, aprobado o siquiera respondido a las gestiones del excanciller. La propia Casa Blanca, según reportes de prensa, ignoró por completo la propuesta de Leyva, y no existen registros oficiales de reuniones en los canales diplomáticos regulares.
La reciente visita de congresistas estadounidenses a Cartagena, en el marco de un diálogo bilateral con la Cancillería colombiana, dejó aún más claro el distanciamiento con el tema: ni una palabra fue dicha sobre los audios o el caso Leyva.
A pesar de la falta de pruebas, el presidente Gustavo Petro no ha dudado en calificar el hecho como un “intento de golpe de Estado”. Desde el Palacio de Nariño anunció que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, que ya revisa el contenido de las grabaciones y su contexto.
Por su parte, la canciller Laura Sarabia ha calificado las actuaciones de Leyva como un “acto de traición institucional”, mientras que sectores del petrismo exigen que el excanciller sea procesado por conspiración, sedición y traición a la patria.
No obstante, la verdadera encrucijada está en otro punto: ¿cuánto de lo dicho por Leyva es real, y cuánto corresponde a una visión personal distorsionada por la animadversión política?
En un caso donde los nombres poderosos circulan sin sustento y las fronteras diplomáticas pueden verse comprometidas, el país y sus instituciones enfrentan una tarea delicada: distinguir entre la evidencia y la especulación.
La Fiscalía tendrá la última palabra. Pero mientras tanto, los ecos de Washington —reales o ficticios— siguen retumbando en los pasillos del poder.
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