La polémica medida desataría una tormenta constitucional sin precedentes en EE.UU.
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Un nuevo capítulo en la política migratoria de Donald Trump ha dejado perplejos a juristas, activistas y líderes internacionales. El presidente estadounidense declaró este miércoles desde Florida que su administración evalúa la posibilidad de expulsar del país a ciudadanos estadounidenses que hayan cometido crímenes violentos, en una iniciativa que podría redefinir los límites del derecho constitucional.
El anuncio tuvo lugar durante la inauguración de un nuevo centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los remotos Everglades. El complejo, custodiado por cuerpos especiales y rodeado de caimanes, está destinado al confinamiento de inmigrantes con condenas penales graves. Pero la noticia no fue la prisión, sino lo que Trump insinuó con gravedad desde un podio rodeado de militares y rejas recién soldadas.
“Tenemos mucha gente mala. Algunos nacieron aquí. Golpean con bates, matan por la espalda. Tal vez deberíamos sacarlos también”, declaró Trump, mientras la audiencia estallaba en aplausos.
¿Expulsar a nativos? Una línea que nunca antes se cruzó
La declaración ha causado un terremoto legal en los círculos jurídicos de Washington. Aunque la Constitución de EE.UU. garantiza la ciudadanía por nacimiento bajo la Enmienda 14, Trump ha insinuado anteriormente que esa protección podría ser revisada. Esta vez, sin embargo, fue más allá: planteó la expulsión de ciudadanos por conductas criminales sin precedentes en la historia del país.
Expertos advierten que una medida así requeriría reformas profundas o incluso enmiendas constitucionales, además de enfrentar una ola de demandas en cortes federales y la probable intervención de la Corte Suprema.
Una escalada migratoria sin precedentes
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha intensificado su retórica y acción contra la inmigración. Ha restablecido leyes olvidadas del siglo XVIII, suspendido beneficios humanitarios, deportado migrantes con visas vigentes y ahora, sugiere que ni siquiera nacer en Estados Unidos garantiza permanecer en él.
En su discurso, también anunció la contratación de más de 10.000 agentes del ICE y 3.000 nuevos oficiales para la Patrulla Fronteriza, consolidando un aparato migratorio que algunos analistas describen como “de guerra interna”.
Apoyo y rechazo, a partes iguales
Para sus seguidores, la propuesta es vista como un acto de valor ante una creciente ola de criminalidad. “América para los americanos de bien”, gritaban algunos asistentes al evento. Sin embargo, la reacción de organizaciones como la ACLU, Human Rights Watch y líderes de ciudades como San Francisco y Chicago ha sido de alarma absoluta.
“El presidente está cruzando una línea roja. Está amenazando con eliminar la ciudadanía como si fuera una visa temporal. Eso no es solo inconstitucional, es peligroso”, declaró un portavoz de la Universidad de Georgetown.
Un país al borde de un abismo jurídico
La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. Cancillerías de Canadá, Alemania y México expresaron su inquietud sobre las implicaciones de estas declaraciones y su posible efecto en ciudadanos binacionales o naturalizados.
Mientras tanto, en Estados Unidos, abogados constitucionalistas trabajan a contrarreloj para evaluar si lo que ayer parecía impensable —expulsar a ciudadanos estadounidenses de su propio país— podría encontrar un camino legal en una administración que parece no temerle a ningún límite.
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