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Bogotá, Colombia — Un giro inesperado en el panorama político colombiano sacude los cimientos del poder: el excanciller Álvaro Leyva Durán ha negado rotundamente la existencia de un supuesto plan para sacar anticipadamente al presidente Gustavo Petro del cargo, en medio del escándalo por unos audios filtrados y difundidos por El País de España.
La controversia explotó cuando la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila publicó una llamada telefónica con Leyva en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde el exfuncionario insiste con tono vehemente: “Nunca jamás, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia” se ha referido con ella a un golpe de Estado.
Pero lo que parecía ser una aclaración pública se transformó en una confrontación directa. Dávila lo interpeló sin rodeos, cuestionando por qué fue mencionada como “interlocutora válida” en las grabaciones filtradas. La periodista —quien ha anunciado oficialmente su aspiración a la Presidencia en 2026— exigió explicaciones inmediatas ante una ciudadanía en alerta.
Leyva, con voz templada pero firme, respondió que no fue autorizada la utilización del nombre de Dávila, y que lo hizo por decisión propia, considerando que ella cuenta con “liderazgo político y todas las calidades para participar en un eventual diálogo nacional”. Aun así, dejó en el aire una sensación ambigua, que ha avivado teorías y reacciones en redes y círculos políticos.
Dávila no tardó en responder. Aseguró que no forma parte de ninguna conspiración y que su ruta hacia el poder es exclusivamente democrática: vencer a Petro y a la izquierda en las urnas el 31 de mayo de 2026. En su defensa, también salió el senador Miguel Uribe Turbay, actualmente hospitalizado tras un atentado, y cuyo nombre también figura en los audios.
Leyva, por su parte, sostuvo que su mención fue resultado de una relación de amistad con la familia Uribe Turbay, y enfatizó que jamás conversó con él sobre acciones contra la estabilidad institucional. “Era una conversación privada, y como ciudadano tengo derecho a decir cosas”, expresó, abriendo un nuevo debate sobre los límites entre lo privado y lo político en figuras de alto perfil.
Este episodio ha encendido las alarmas dentro y fuera del Congreso. Voces del oficialismo y la oposición claman por una investigación rigurosa. La Fiscalía ha sido presionada para establecer si existe mérito legal para iniciar un proceso formal por presunta conspiración o desestabilización del orden constitucional.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención, entre el escepticismo y el desconcierto. ¿Fueron solo palabras lanzadas en confianza o pistas de una trama más profunda? El suspenso se mantiene.
Lo único claro por ahora es que este escándalo ha puesto sobre la mesa un nuevo frente de tensión en un país donde cada conversación privada puede convertirse en titular nacional.
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